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Fuera del campamento

El drama de los inmigrantes rumanos no termina. Ayer, no todo era alegría en el primer día de apertura del asentamiento del camino de San Roque (Fuencarral), donde fueron realojadas 131 personas procedentes del antiguo poblado de Malmea. Mientras unos estrenaban las 29 tiendas de campaña que han instalado las instituciones; otros, los que no aparecían en el censo que elaboraron Cruz Roja y la Comisión Católica, permanecían a las puertas del lugar, muchos de ellos con la mirada perdida y buscando la manera de entrar al recinto. "Yo viví un año en Malmea y cuando quise entrar aquí no me dejaron porque no estaba en la lista", decía, en su pobre y recién aprendido español, un joven de 19 años.Como él, a sólo unos pasos del campamento, pero fuera, había más de un centenar de inmigrantes que afrontaban el calor acostados en colchonetas roídas y rodeados de basura. Lo peor de aquel panorama eran los pequeños que correteaban por la zona y que de vez en cuando metían sus manos entre los desechos y con absoluta inocencia bebían del agua que corría por la calle a causa de una fuente rota.

PASA A LA PÁGINA 4

"El efecto llamada"

El alcalde se niega a realojar a los rumanos que han llegado ahora

La suerte de los inmigrantes runamos que llegaron a Madrid después del pasado 10 de julio, cuando se elaboró el censo de Malmea, parece incierta. Ayer, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del PP, aseguró que "el Ayuntamiento no puede acoger a los inmigrantes que han llegado bajo el efecto llamada". Y agregó: "Estamos cumpliendo con el compromiso contraído de alojar a los rumanos censados. Al resto de las personas les atenderán los servicios sociales, ya que no tenemos la obligación de realojarlos". El regidor descartó la posibilidad de "establecer campamentos permanentes para los rumanos". "No vamos a expulsarles, pero poco a poco se darán cuenta de que tienen que seguir su vida ordinaria en el lugar que estimen oportuno", añadió.

La portavoz socialista en el distrito de Fuencarral, Marta Rodríguez-Tarduchy, por su parte, aseguró ayer que el censo que elaboraron las ONG "no puede considerarse un instrumento válido para el realojo". Según la concejal, los inmigrantes que se quedaron fuera "no han recibido ninguna otra solución. Sólo una lista con los servicios sociales del Ayuntamiento, y eso no es lo que más necesitan".

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