Bruselas emplaza a Portugal para que explique en 15 días su veto al pacto BSCH-Champalimaud
La Comisión Europea envió ayer una carta al Gobierno de Portugal para que le explique los motivos de su veto al acuerdo entre el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el grupo Champalimaud, le informe sobre las leyes portuguesas en que se basa esa decisión para comprobar si se ha traspuesto correctamente la legislación comunitaria y le confirme que las partes afectadas conocen todos los razonamientos del Gobierno por si desean buscar el amparo de los jueces. La Comisión le da al Gobierno de Portugal 15 días desde la recepción de la carta para responder. Según esa respuesta, Bruselas decidirá si abre o no un procedimiento de infracción.
La carta, enviada ayer por el comisario responsable de los asuntos de fiscalidad y mercado interior, Mario Monti, incorpora el detalle muy importante del plazo de 15 días para dar una respuesta a los requerimientos de información. En los anteriores borradores de la carta no se fijaba al Gobierno portugués ningún plazo para responder. La decisión de incluir ese plazo es muestra del interés que está poniendo la Comisión en este asunto, pero aún lo refleja con más viveza el hecho de que se den tan sólo 15 días en lugar de los dos meses que esperaba el Ejecutivo portugués. En la carta, Mario Monti, que se ha tomado el caso BSCH muy en serio porque puede sentar un precedente en la aplicación de la libertad de establecimiento de la banca en el mercado interior de la Unión Europea, solicita al Gobierno portugués que le informe sobre las medidas nacionales que apoyan la legislación comunitaria en servicios financieros para ver si ésta se ha traspuesto correctamente. Hasta ahora, la Comisión había dado por sentado que una ley portuguesa que no había sido cuestionada por el Ejecutivo comunitario tenía validez. Tras el requerimiento de Monti, la interpretación es a la inversa: la Comisión quiere cerciorarse de que sigue sin haber motivos para no denunciar la legislación portuguesa.
Mientras, continúan los contactos a todos los niveles para intentar solucionar el conflicto. El copresidente del BSCH Emilio Botín y el financiero António Champalimaud se reunieron ayer en Lisboa para estudiar las vías de negociación con el Gobierno portugués, informa Javier García. Fuentes portuguesas y españolas en Lisboa aseguran que ambas partes han mostrado una clara voluntad de resolver el contencioso mediante una negociación y se han transmitido, por diferentes vías, su interés en evitar un conflicto jurídico que, sin duda, perjudicaría la imagen del Gobierno de Lisboa y retrasaría la conclusión del negocio. Sin embargo, en unas declaraciones publicadas ayer por la revista Visao, el ministro de Finanzas, António Sousa Franco, dejaba bien claro la rotunda oposición del Gobierno a la entrada española en el sistema financiero luso. "Estamos en un Estado de derecho. [Si se hubiera producido la operación] Tendríamos que habernos resignado, pero no dejaríamos de expresar nuestra oposición política. Y el nuevo grupo, con certeza, lo sentiría".
Injerencias políticas
Un planteamiento rechazado frontalmente por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, informa Ana Ruiz. En su opinión, las fusiones y los acuerdos bancarios no son decisiones políticas y por tanto los Gobiernos no deben intervenir en ellas. Montoro insistió ayer en repetidas ocasiones en esta idea durante la apertura de un curso sobre finanzas organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Entre llamadas al respeto a la libre competencia, Montoro anunció que el Ejecutivo no iniciará acciones en Bruselas contra el Gobierno portugués y recalcó que la responsabilidad de la decisión sobre el acuerdo entre el BSCH y Champalimaud la tiene exclusivamente la Comisión Europea. El presidente de la comisión mixta para la UE Pedro Solbes, por su parte, defendió los argumentos del BSCH en su litigio con las autoridades portuguesas.
En las mismas jornadas, Francisco González, presidente de Argentaria, pronosticó cambios radicales en el panorama de las entidades financieras. "La banca no es un negocio amenazado, pero sí en profunda transformación", sostuvo. En el panorama que dibujó, los bancos entrarán en nuevos campos de trabajo y se transformarán en proveedores de servicios no sólo financieros.
