Los propietarios de Parque Ansaldo de Alicante acuden a la vía judicial para evitar la demolición del barrio
Los planes anunciados por las autoridades locales de San Juan para acabar con uno de los barrios marginales más polémicos, Parque Anslado, puede encontrarse con un escollo difícil de sortear. Frente a la declaración de "ruina" de la barriada, a la que se acoge el Ayuntamiento para plantear su demolición integral, los propietarios anuncian que defenderán la integridad de los edificios por vía judicial. Los afectados no están dispuestos a ver cómo actúa la piqueta antes de que se resuelva uno de los litigios judiciales más largos, que se inició el mismo año que finalizó su construcción, en 1982, cuando denunciaron en cascada las deficiencias de la construcción, dejaron de pagar los préstamos hipotecarios y reclamaron en los juzgados indemnizaciones. Hoy, el 80% de los primitivos titulares de las 612 viviendas del complejo residencial han abandonado el barrio. Todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, han dado razón a los propietarios, que han ganado dos querellas por falsedad en documentos públicos y estafa planteadas contra el antaño Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Banco Hipotecario. A la espera de recibir las indemnizaciones decretadas por las sentencias judiciales firmes, incluidos intereses, los propietarios se oponen a la demolición, planteada por las autoridades como única salida a la degradación del barrio, que cobija a numerosos traficantes de droga al menudeo e inmigrantes que ocupan viviendas abandonadas, además de una cincuentena de familias que en aquel entonces invirtieron todos sus ahorros en un proyecto de ciudad-jardín. De la sentencia del Supremo, emitida en 1991, emana el derecho de los litigiantes a percibir las indemnizaciones establecidas, así como el de entregar la obligación hipotecaria y la vivienda al Banco Hipotecario y la empresa promotora, Visoalsa, a cambio de ser resarcidos de las cantidades pagadas. La desaparición de Parque Anslado impediría el cumplimiento del mandato judicial en su integridad, ya que para ello se exige dos condiciones esenciales: el título de propiedad y que el inmueble exista. Los propietarios instarán ante los tribunales la paralización de la demolición mediante procedimiento especial y sumario, en el que invocarán una presunta vulneración del derecho de tutela judicial efectiva.
