Un aspirante al Casino Costa Blanca presenta un recurso que pone en tela de juicio el concurso
El complicado proceso de adjudicación de la licencia de explotación del Casino Costa Blanca y la paralela subasta de bienes de la sociedad mercantil que lo explota hace aguas. La Consejería de Hacienda ha requerido documentación complementaria a una de las dos sociedades valencianas que pugnan por el control de la sala de juegos. La respuesta ha sido un recurso que pone en tela de juicio la legalidad del concurso de adjudicación de la licencia y la paralela subasta de los bienes. El recurso podría ser elevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El casino de La Vila Joiosa acumula una deuda con la Hacienda valenciana que ronda los 2.400 millones de pesetas por impago de las tasas sobre el juego. El pasado mes de diciembre Hacienda optó por convocar un doble proceso administrativo y ejecutivo, formalmente impulsado para adjudicar la sala de juegos sin poner en peligro los puestos de trabajo. Dos grupos valencianos han acudido al concurso de la licencia que autoriza la explotación de la sala. Por un lado Casinos Mediterráneo, sociedad encabezada por Jesús Álamo, que controla el grupo Acrismatic, el mayor operador de máquinas tragaperras de la Comunidad Valenciana. Por otro, la sociedad Casino Terra Mítica, que impulsa el empresario de pastelería Antonio Peñalver, también vinculado con el sector del juego en la vertiente del bingo. Hacienda ha requerido a Casino Terra Mítica varios documentos. En primer lugar la inscripción fehaciente en el registro mercantil de la sociedad, con un capital de mil millones de pesetas. El recurso cita el Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Valenciana, en el que se ampara la orden de convocatoria, que establece el mismo requisito pero, en un aparte, reza: "Si la sociedad no se hubiese constituido, se presentará proyecto de la escritura y de los estatutos". Casino Terra Mítica presenta el proyecto de escritura y recuerda: "La omisión de esta previsión en la orden de convocatoria del presente concurso público puede infringir este derecho del compareciente", recogido en la ley de procedimiento administrativo y, por tanto, de obligado cumplimiento para la Administración. Pero los mayores problemas surgen cuando Hacienda exige a Casino Terra Mítica que acredite su participación en la paralela subasta de enajenación de bienes de la sala de juegos de La Vila Joiosa. La sociedad se ampara en el mismo reglamento de casinos y argumenta que la propia convocatoria del concurso de adjudicación de licencia "infringe" la normativa. Los requisitos que establece el reglamento para solicitar una autorización de licencia incluyen la necesidad de explicar el interés turístico del proyecto, su viabilidad económica, garantías financieras y, entre otras, la posibilidad de que el concursante establezca "la ubicación" del nuevo casino. Sin embargo, la orden elaborada por Hacienda exige que la ubicación de la sala de juego sea "forzosamente la sede del actual casino". El recurso estima que tal exigencia "imposibilita la participación en el concurso a cualquier interesado que no sea poseedor o titular de los inmuebles". Más adelante explica que tal requisito "conculca el principio de libre concurrencia", puesto que sólo podrá lograr la autorización de explotación del casino aquella sociedad que resulte adjudicataria de los bienes de la actual sala de juegos. Además, las opciones para participar en el concurso de enajenación de bienes de la sala de juegos se pueden presentar hasta el 9 de abril. El recurso de Casino Terra Mítica se ampara en ese plazo y considera que avanzar la exigencia podría provocar la nulidad del concurso porque supondría un motivo de exclusión que cercena la libre competencia. Finalmente, Hacienda exige en la orden de convocatoria del concurso el compromiso de que la sociedad adjudicataria incorpore la actual plantilla de la sala de juegos. Casino Terra Mítica "ignora" el número actual de empleados, asegura que la ley le exime de aportarlo y recuerda que, en cualquier caso, la administración dispone de ese dato. La sociedad estudia elevar el recurso al Tribunal Contencioso Administrativo si es desatendida, un movimiento que podría paralizar el actual proceso.
