Los pueblos afectados se levantan contra el gran parque eólico del Moncayo

El vendaval de la energía eólica ha llegado a Soria, la provincia con menos densidad de población. Su zona colindante con el Moncayo amenaza con convertirse en un enjambre eólico aprovechando el cierzo dominante y la legislación autonómica, que delega en la provincia la declaración de impacto ambiental de estas instalaciones. Más de 1.500 vecinos de Ólvega y Ágreda, el PSOE, Nueva Izquierda y los sindicatos se oponen a que la ladera occidental del Moncayo se convierta en el mayor parque eólico de España. La oriental es zona natural protegida por Aragón.

Nada hacía presagiar en 1996, cuando se solicitó el primer permiso para un parque eólico en Soria, que tres años después habría cola para instalar 50 más, justo en la falda occidental del Moncayo, la sierra que la separa de Aragón.Con arreglo a la legislación de Castilla y León, la declaración de impacto de estas instalaciones es simplificada y compete a las delegaciones provinciales de la Junta, que las examinan aisladamente. El jefe del servicio de Medio Ambiente de Soria, Manuel Melendo, atendió las primeras solicitudes y aprobó cuatro parques, actualmente en ejecución (El Pulpal, Tablado, Toranzo I y II y Madero); otro está en tramitación, así como 31 kilómetros de línea de alta tensión que evacuará a la red la energía producida.

La avalancha de peticiones de parques forzó a Melendo a suplicar ante su superior en la Junta, Adolfo Delibes (hijo del escritor Miguel Delibes), que se arbitrara alguna medida para evaluar las peticiones en su conjunto. Sólo en el noreste de la provincia había proyectos para instalar 900 megavatios de potencia, equivalentes al consumo de los dos millones largos de residentes en toda la autonomía. La Junta acumulaba en junio pasado 180 solicitudes (de Endesa, Gamesa, Sintel, Cetasa, entre otras) para una potencia de 2.500 megavatios, casi el doble de toda la instalada en España, según una respuesta escrita al senador socialista por Soria Félix Lavilla.

Melendo, Delibes y el director del Ente Regional de la Energía propusieron una moratoria eólica en junio pasado que vence en marzo. Para entonces debería estar listo el Plan Eólico Regional de Castilla y León, con un desglose referido a las tres provincias más "presionadas", pero el departamento de Delibes no lo ha dictaminado aún, como es preceptivo para que entre en vigor. Ni siquiera lo ha recibido.

La legislación actual "no es homologable", reconoce Delibes. Tanto la directiva europea como el proyecto de Ley de Declaración de Impacto Ambiental exigen que todos los parques y planes eólicos pasen declaración ambiental.

En Ágreda y Ólvega el enjambre de molinos instalado frente al Moncayo ha despertado un gran rechazo por el impacto ambiental y su tramitación "oscurantista", según Lavilla y la asociación ecologista ASDEN. Más de 1.500 firmas de vecinos de los municipios afectados han presentado un recurso ante la Junta por la irregular tramitación de los parques ya aprobados y contra nuevas autorizaciones. Reclaman el soterramiento de 31 kilómetros de líneas de alta tensión a su paso por los enclaves más emblemáticos del Moncayo y la declaración de su protección como han hecho en la vecina comunidad de Aragón.