Camps diseña un decreto de absentismo escolar para reducir la tasa de deserción

El colegio público El Carmen del Cabanyal tiene una treintena de niños tipificados administrativamente como "alumnos absentistas". Bajo la consigna de que "se necesita un impulso para su erradicación", la Consejería de Bienestar Social y la Dirección General de Ordenación de la Consejería de Educación han elaborado un proyecto que bajo el rimbombante nombre de Decreto de Ordenación del Plan Local de Absentismo Escolar en la Comunidad Valenciana pretende atajar la no escolarización, el abandono escolar y el absentismo escolar.

El riesgo de deserción escolar cuando comiencen los trabajos temporeros aumenta por estas fechas: En el Cabanyal al menos cinco familias interrumpirán los estudios de sus hijos y la dirección del centro no tiene medios, ni puede por sí sola, paliar el riesgo latente de deserción escolar en un centro que concentra el 40% del alumnado con estas características en Valencia. La historia se repite en, al menos, seis colegios más de la ciudad y se ramifica a lo largo y ancho de la Comunidad, profundizándose en el tramo educativo de la ESO y en las zonas socialmente marginadas. El trabajo que se inició conjuntamente entre ambas consejerías en 1997 fue remitido el pasado 14 de julio para su estudio, a fin de que las enmiendas o sugerencias se presentaran antes del 1 de octubre en el Servicio del Menor de la Dirección General de Servicios Sociales. Los agentes sociales, es decir, el cuerpo de profesores docentes, sindicatos y pedagogos, no tienen conocimiento oficial del proyecto. Pero la existencia del borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha despertado ya inquietudes y expectativas. Según fuentes sindicales, el proyecto llega con al menos un año de retraso y en un curso en que la implantación del tercero de ESO se considera terreno abonado para la deserción y el absentismo escolar entre los jóvenes de 15 y 16 años. El plan tendrá "carácter obligatorio en todos los municipios de la Comunidad", pudiendo configurarse por agrupaciones de municipios, cuando éstos tengan una población menor a 10.000 habitantes. El desarrollo e implantación del proyecto se estructura a través de una Comisión Central Municipal de Absentismo Escolar, en la que el alcalde actuará como presidente y, en su ausencia, le suplirá el concejal de Educación. Asimismo se compondrá de un presidente de la subcomisión, un representante del Consejo Escolar Municipal (designado por el presidente) y seis vocales electos: Uno de centros docentes públicos; otro de centros privados-concertados; el tercero de servicios psicopedagógicos, gabinetes municipales y departamentos de Orientación; el cuarto de Servicios Sociales municipales; el quinto de asociaciones de padres del alumnado, y el último de asociaciones vecinales, de población gitana... De entrada, según expertos consultados, sorprende la escasa, por no decir nula, presencia del profesorado frente al peso de los funcionarios municipales en la comisión. En el caso específico de los Programas de Prevención del Absentismo (que prevé reconducir las situaciones críticas desde las guarderías o escuelas de Educación Infantil, actuar sobre hijos menores de 6 años y coordinar las medidas de acogida de la población inmigrante con menores) la comisión encargada dependerá del concejal de Educación. Este diseño de integración sorprende a los pedagogos consultados, que temen que se produzca un intervencionismo burocrático y fiscalizador, en vez de aplicar un modelo flexible y de carácter sociopedagógico y educativo.