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Las federaciones catalanas proponen desligar al deporte del Gobierno

Las federaciones deportivas catalanas y su órgano representativo, la UFEC, están culminando la elaboración de un anteproyecto de ley del deporte español que pretende desligarlo de las vías administrativas y circunscribirlo a la sociedad civil. El anteproyecto será presentado el próximo día 18 a la Comisión del Deporte de Cataluña (que engloba a los representantes de todos los grupos parlamentarios catalanes) y el día 23 será debatido por las federaciones. La UFEC quiere que su proyecto siga la vía parlamentaria y evitar así que muera encallado en los despachos de las autoridades deportivas.

El anteproyecto no tiene nada que ver con el planteado por el Consejo Superior de Deportes el pasado 15 de junio, con el que la Dirección General de Deportes de la Generalitat mostró muy serias discrepancias. Este proyecto de ley del deporte se encuentra paralizado porque no ha sido posible alcanzar el necesario consenso en los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno del Partido Popular (PP), es decir, Convergència i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco ( PNV) y Coalición Canaria (CC). El anteproyecto de la UFEC se fundamenta en la afirmación de que el deporte nace como una necesidad social y se desarrolla inicialmente como una actividad de carácter privado y de interés público, que posteriormente pasa a depender del Estado. Sin embargo, y ésa es una de sus bases ideológicas, tanto las federaciones internacionales como el Comité Olímpico Internacional (COI) permanecen como entidades independientes de cualquier Administración. "Hasta ahora la legislación española ha mantenido una intervención administrativa muy importante en el deporte", explicó ayer una de las personas que conocen el anteproyecto de ley. "Ahora se trata de que la Administración actúe como propulsor del deporte, en el control de la seguridad y de otros ámbitos determinados de su promoción, pero que permita que sean las federaciones, como entidades privadas, las que regulen las materias estrictamente de competición deportiva". El anteproyecto prevé que las competiciones profesionales sean propiedad de las federaciones y que no haya ambigüedades al respecto. Y por tanto, que sean ellas, sin injerencias políticas, las que decidan sobre el reconocimiento internacional de las selecciones autonómicas. "No hay fundamentos lógicos ni jurídicos para que una ley estatal impida la participación de selecciones autonómicas en competiciones oficiales internacionales", según la misma fuente. Por otra parte, establece que la representatividad de las federaciones españolas debe recaer en las autonómicas. Es decir, que las asambleas se constituyan sólo con un representante de cada una de las 17 comunidades autónomas, el presidente de la federación y un representante de la Liga Profesional en los deportes en que ésta exista. Un modelo diferente Cada asambleario autonómico tendrá la representatividad de los votos consensuados de su territorio. El volumen de estos votos vendrá determinado por diversos conceptos: número de habitantes, de licencias y de clubes, y resultados deportivos. Actualmente las asambleas federativas están compuestas por personas que pertenecen a colectivos diversos: clubes, deportistas, entrenadores, árbitros y asociaciones. "Nuestra propuesta supone un ahorro importante para las federaciones. Ahora convocar a la asamblea cuesta un dineral porque puede llegar a mover un centenar de personas. Con la nueva ley sólo se desplazarían 19", afirman sus defensores. Según la UFEC, su anteproyecto de ley del deporte español supone una adecuación al nuevo marco del "macroestado" que ya es Europa y una liberalización del deporte español, con una mayor implicación de las comunidades autónomas, que ya tienen competencias plenas en este apartado. La UFEC es consciente de que la aprobación de su texto no resultará sencilla, aunque no la considera imposible. Pero pretende que, al menos, los partidos políticos españoles se pronuncien sobre ella en el Parlamento.

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