Colom acusa al Gobierno de la Generalitat de no desarrollar la ley del catalán para evitar enfrentarse al PP
Por lo menos una de las disposiciones de la Ley de Política Lingüística no se ha cumplido, ni se cumplirá. Es la que daba un plazo de seis meses al Gobierno de la Generalitat para promover la revisión de la abundante normativa española que impide la aplicación de aspectos de la propia ley del catalán. Han pasado 10 meses desde la aprobación de esta ley y el Gobierno de Jordi Pujol no ha cumplido el plazo. El diputado Àngel Colom, presidente del Partit per la Independència (PI), acusó ayer en el Parlament al Gobierno de Jordi Pujol de no desplegar la ley "por miedo a enfrentarse a sus aliados" del PP. El Parlament aprobó la Ley de Política Lingüística el 30 de diciembre de 1997 y el 9 de enero de este año fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat. Las normas españolas de ámbito general y de distinto rango legal que debieran modificarse para hacer plenamente aplicable la Ley de Política Lingüística son por lo menos una veintena. Y ayer Colom interpeló al consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, responsable del despliegue de esta ley, para recriminarle el incumplimiento de este plazo. Pujals se defendió alegando que "da igual 10 días más o 10 días menos" y anunció que su departamento comenzará de manera inmediata las consultas con los grupos parlamentarios para consensuar la forma de promover unos cambios legales que, al fin y al cabo, dependen del Gobierno de Aznar y de la mayoría parlamentaria en las Cortes. Pujals hizo este anuncio después de reafirmar que la voluntad del Gobierno de CiU es aplicar la ley del catalán de manera "dialogada, gradual y concertada". Insistió también en que desde que fue aprobada se han dictado ya algunos decretos, como el que permite la corrección ortográfica de los apellidos catalanes en el Registro Civil y el relativo al doblaje al catalán de las películas más taquilleras. Pero Colom quería más precisiones y recordó al consejero algunas situaciones que ponen de relieve la necesidad de modificar normas legales españolas si se que la ley del catalán no sea papel mojado en algunos aspectos. Uno de los ejemplos que puso fue la negativa de la Junta Electoral Central a aceptar los pliegos de firmas presentados por UGT para ejercer la iniciativa legislativa popular alegando, precisamente, que entre los impresos presentados había muchos escritos solamente en catalán. Sobre esta cuestión Pujals mostró su convicción de que UGT ganará el recurso que ha presentado contra la negativa de la Junta Electoral Central y afirmó que en esto el sindicato tiene todo su apoyo. Colom dijo que lo que hay que hacer es utilizar "la privilegiada situación de CiU" en las Cortes y promover allí los cambios legales precisos para evitar estas situaciones. "Me temo que ustedes tienen miedo a que el Gobierno del PP no les haga caso y les ponga en evidencia", afirmó.
