Instituciones Penitenciarias defiende el tercer grado de Conde mientras los sindicatos alertan del riesgo de fuga
El subdirector de Gestión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Javier Nistal, negó ayer que el ex presidente de Banesto - condenado a cuatro años y dos meses en el caso Argentia Trust- haya recibido trato privilegiado al concederle el tercer grado penitenciario, anulado judicialmente. La reclasificación de Mario Conde fue revocada por el juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 el 18 de agosto y el pasado lunes, en un auto aclaratorio, el mismo juzgado decidió que Conde debe permanecer clasificado como preso de segundo grado (sin derecho a salidas de fin se semana) hasta que se resuelvan los recursos interpuestos por el ex banquero. Frente a las consideraciones del responsable de Instituciones Penitenciarias, los sindicatos UGT y CC OO destacaron ayer que en el caso del ex banquero existe el riesgo de que intente eludir la acción de la justicia, ya que, además de la condena por el caso Argentia Trust, Conde tiene pendiente el jucio por su gestiñon en Banesto, en el que se enfrenta a peticiones de penas de más de 30 años de prisión. Por parte de CC OO, Miguel Pesquera, miembro del gabinete jurídico de la organización, señaló que "ante la próxima instrucción del caso Banesto y teniendo en cuenta las altas penas que se solicitan, existe riesgo de que el acusado pueda eludir la acción de la justicia". El secretario general de Banca de UGT, José Antonio Gracia, señaló que "no hay que dar la más mínima posibilidad de fuga a Mario Conde", por lo que la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de revocar la situación del tercer grado al ex banquero es "razonable, entendible y lógica". "No se puede dejar el régimen de tercer grado a una persona responsable de temas tan importantes y con un juicio pendiente de tanta trascendencia" añadió Gracia.
Interés del Gobierno
IU se pronunció ayer sobre la postura de Instituciones Penitenciarias en el caso. El coordinador general de la coalición en Andalucía, Antonio Romero, instó al Gobierno a "explicar qué intereses tiene para para pasar al tercer grado a Mario Conde", cuando el ex banquero "aún tiene una sentencia pendiente y sólo ha cumplido una mínima parte de la condena". Romero, que semanas atrás llamó a la población reclusa a movilizarse contra la reclasificación de Conde, propuso al Ejecutivo que consulte a la sociedad, a través del CIS, si la concesión del tercer grado debe ser competencia de Instituciones Penitenciarias. En este sentido, la asociación Jueces para la Democracia destacó que "la Constitución establece que los tribunales no sólo juzgan, sino que se ocupan de cumplir lo juzgado". El PP también se pronunció ayer. Su portavoz adjunto en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo, pidió que se aplique esa misma ley "con generalidad", en una referencia implícita a los condenados del caso Filesa. Como preso en segundo grado, Conde tiene derecho a 36 días de permiso al año, previa solicitud de la junta de tratamiento de la prisión y con autorización del juez. El abogado de Conde aseguró que solicitará el permiso acorde con el segundo grado esta semana.
