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La oscura fortuna del "marqués"

El senador del PP González Arroyo, investigado por el fiscal, tiene 24 fincas, 6 solares, 5 casas, 2 gasolineras ...

José María Irujo

En 1964 Domingo González Arroyo conducía un viejo camión Pegaso, heredado de su padre, y descargaba a hombros material para la construcción del hotel Tres Islas, el primero que se levantó en Fuerteventura. Cinco años más tarde se metió en política, alcanzó la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva e inició una carrera ascendente desde la UCD y el CDS que finalmente le ha llevado, de la mano del PP, hasta el Senado, en la capital del reino. Pero a la vez que progresaba en la política, las propiedades de este hombre de 58 años y aspecto desafiante, al que sus vecinos llaman El marqués de la Oliva, se multiplicaban. Los registros de la propiedad y mercantil acreditan que Domingo González Arroyo es propietario en Fuerteventura de 24 fincas rústicas y seis solares: 1.031.258 y 10.659 metros cuadrados, respectivamente; de cinco viviendas, de una cantera de picón y de dos sociedades patrimoniales, con un capital social de 36 millones de pesetas. A nombre de estas sociedades aparecen registrados seis turismos Mercedes modelos 560, 500, 300 y 190 y dos Range Rover (ver gráfico). Las dos únicas gasolineras del municipio de La Oliva, con una facturación anual de 500 millones de pesetas y regentadas por la mujer y una de las hijas del senador, y una misora de radio aparecen también ligadas a González Arroyo en una maraña de sociedades anónimas administradas por Ceferino Guerra Vera, albañil, ex juez de paz del Ayuntamiento y su hombre de confianza. Aunque él asegura no tener sociedades ni relación con estos negocios, datos recabados por EL PAÍS muestran lo contrario.

Un balón de cuero

La fortuna de Domingo González Arroyo, separado de hecho y padre de nueve hijos, es el enigma de muchos majoreros. Desde que obtuvo el bastón de mando del municipio más extenso y turístico de la isla, hace ya 19 años, los 50.000 habitantes de Fuerteventura están acostumbrados a oírle en sus mítines el mismo latiguillo: «Yo jugaba con un balón de cuero cuando los demás niños no tenían con qué jugar. No necesito el dinero de nadie. Mi padre me dejó una gran fortuna. Soy el alcalde de los pobres». La Fiscalía General del Estado acaba de archivar una denuncia del ex arquitecto municipal de La Oliva pese a que Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declaró que había encontrado «materia suficiente» para imputar al senador canario por irregularidades urbanísticas. El PP, alertado por ésta y otras quejas, ha abierto una investigación interna y el senador sigue en el ojo del huracán. «Vamos a continuar hasta el final», afirma Pablo Mato, presidente de la comisión. El denunciante, Casto Martínez Berriel, militante de ese partido, le acusa de tráfico de influencias y prevaricación en la concesión de licencias urbanísticas. Asegura que ha convertido el Ayuntamiento en un negocio privado. La normativa interna -escrita- de este Ayuntamiento, con un presupuesto anual de 3.000 millones de pesetas, exige entrevistarse personalmente con el alcalde para solicitar una licencia. González Arroyo, además de negar estas acusaciones, ha vuelto a responder lo mismo. Y sin que el periodista se lo pregunte dice: «¿A que no sabía usted que heredé una inmensa fortuna de mi padre?». Pero la escritura de adjudicación y aceptación de bienes de la herencia paterna, otorgada el 17 de agosto de 1992 ante el notario de Puerto del Rosario Juan Ignacio Ruiz Frutos, desvela el enigma. Las tierras de su padre, Ramón González Brito, un comerciante que tuvo 18 hijos con tres mujeres diferentes, se repartieron entre 11 hermanos. Los demás habían fallecido. Y en el documento notarial se inventariaron todas las fincas en la cantidad de 55 millones de pesetas, «a partes iguales» por voluntad expresa de los herederos. Es decir, que la fabulosa fortuna que le correspondió al senador del PP está valorada en el catastro en cinco millones de pesetas. Ramón González Brito falleció en 1978, pero sus 11 herederos esperaron a que transcurrieran más de diez años para llevar a cabo la partición de bienes y evitar el pago de los derechos reales. En 1993 el senador inscribió en el registro siete de las fincas de la herencia paterna. Estas, y otras tres que heredó de su madre en Arrecife, suman un total de 306.083 metros cuadrados. La mayoría, improductivas. Pero además de esta herencia ha adquirido otros 700.000 metros en la isla, entre fincas y solares. Y los ha escriturado a bajo precio a nombre de su sociedad patrimonial Infrarenta SA, la única a la que hace referencia en su ficha oficial del Senado. Uno de sus hermanos, que pide que no se le identifique, desmitifica el valor que el senador da a su hasta ahora desconocida herencia. «De las fincas que heredamos del padre no se puede vivir. Ni hablar. No las hemos podido vender porque no se puede construir y además son improductivas. La única algo valiosa es una próxima a Corralejo, en el supuesto de que se haga allí un campo de golf». Este familiar, cuya humilde vivienda contrasta con la ostentosa hacienda del senador en la isla, con verjas de hierro, cámaras de seguridad y unos 5.000 metros de jardín, define al alcalde así: «No cabe duda de que nació de pie. Le encantan los negocios y tiene una extraordinaria habilidad para ganar dinero. Si hubiera estudiado sería una fenómeno. Es un trabajador nato y sólo duerme cuatro horas diarias. Llega al ayuntamiento antes que los obreros, corta la alfalfa y poda los árboles de sus fincas». La oposición socialista denuncia que Domingo González cobra su sueldo por horas y que, pese a sus ausencias, factura una media de 30.000 pesetas diarias. A estos ingresos hay que añadir el de diputado canario, senador y las dietas de presidente de la urbanizadora Corralejo Playa, una sociedad mixta participada por el Ayuntamiento y por la empresa Cahispa de Seguros SA. Ésta cobra a los vecinos un canon de urbanización que éstos consideran ilegal. Además, González tiene una remuneración como presidente de Suministros de Aguas La Oliva SA. Pero, en opinión de uno de sus hermanos, parte de estos ingresos acaban en los bolsillos de los más desvalidos. «A final de mes no le queda un duro de su sueldo de alcalde. Es muy desprendido con los pobres». Pese a su extraordinaria actividad, el senador popular tiene tiempo para los negocios. Además de explotar una cantera de picón que compró en los años setenta y en la que cuenta con un empleado, tiene una pequeña explotación agrícola. Pero, desde la sombra, González Arroyo está ligado también a otros negocios más prósperos. En el número 32 de la avenida General Franco de Corralejo, la zona más turística del municipio, se levanta una gasolinera. Sus empleados no dudan cuando el visitante pregunta por el dueño. «Vaya usted al Ayuntamiento y pregunte por el alcalde. Él es el dueño», responden. «¿Quiere hablar con su hija? Ella lleva la contabilidad». El trabajador señala a Begoña González Segura, una de las hijas del alcalde, que trabaja rodeada de facturas en un diminuto despacho. La propiedad de esta gasolinera, que en 1995 declaró unos ingresos de explotación de 330 millones de pesetas y unos beneficios de sólo ocho, figura a nombre de la sociedad Pila SA. Su administrador único es Ceferino Guerra Vera, ex juez de paz del Ayuntamiento de La Oliva recusado por el PSOE a causa de su amistad con el alcalde.

El enigma de la gasolinera

El domicilio social de Pila SA, desde su constitución en diciembre de 1985, fue el número 21 de la madrileña calle Cochabamba, en un piso propiedad de Infrarenta SA, la sociedad patrimonial de Domingo González. Un piso en el que residen dos hijos del senador. Recientemente se modificó este domicilio social. A nombre de Pila SA se compraron en Fuerteventura en 1991, 1992 y 1993 dos apartamentos en Corralejo, que visita el senador, y una finca de 11.922 metros cuadrados en Puerto Rosario. Las cuentas y balances presentados por Pila SA ante el Registro Mercantil demuestran, además, que esta sociedad declaró ventas a Infrarenta en 1993, 1994 y 1995 por 10.356.936 pesetas. A nombre de Infrarenta SA, sociedad de la que el senador fue administrador único hasta 1997, figuran 18 de sus propiedades en la isla: 13 fincas rústicas, cuatro solares y una vivienda. Pero los enigmas de esta gasolinera no terminan ahí. Como accionistas fundadores de Pila SA figuran José Luis Poladura Sampedro, su esposa Elena Moreno Abós y Joaquín Abós López, todos ellos vecinos de Madrid. Pese a que en 1989 vendieron sus acciones ante notario, esta venta no aparece reflejada en el Registro Mercantil. Poladura explica así el nacimiento de Pila SA: «Conocí a Domingo González en una feria de Fitur y me dijo que Fuerteventura estaba virgen. Que se podían hacer grandes negocios. Me recomendó crear una sociedad con la expectativa de obtener una gasolinera en Corralejo. Me ofreció su piso en Madrid para domiciliar la sociedad y propuso que nombráramos administrador a Ceferino Guerra, una persona de la isla». El antiguo accionista asegura que los tres fundadores vendieron su parte porque la concesión de la gasolinera no llegaba y que fue el administrador recomendado por el alcalde quien les ofreció un comprador. «No recuerdo quién compró nuestras acciones, sólo sé que Guerra sacó un millón y medio de pesetas de una cartera y nos pagó. Mi sorpresa es comprobar ahora que no se ha registrado nuestra venta y que la gasolinera existe». La otra gasolinera de la zona más turística de la isla se encuentra también en Corralejo Playa, en la calle José Segura. Todas las mañanas Rafaela Segura, la esposa del senador, aparca su Mercedes azul junto a la oficina y se encierra en un despacho para controlar las cuentas. Es la encargada de su explotación. Y trabajo no le falta. Según las cuentas presentadas por Conlaofu SA, de la que Rafaela Segura ha sido apoderada hasta 1993, los ingresos de explotación de este negocio ascendieron a 168.828.000 pesetas en 1996. Conlaofu SA se constituyó también en diciembre de 1985, el mismo mes y el mismo año que Pila SA, y en ella aparece de nuevo Ceferino Guerra Vera, el amigo personal del senador. Esta vez como presidente. Sus primeros accionistas fueron Eduardo Espinel Montelongo y Pedro Reyes Melián. El primero es carpintero del Ayuntamiento de La Oliva y el segundo fue funcionario de personal y compras. Ninguno ha querido explicar a este periódico su presencia en la sociedad.

Negocio espectacular

La compra del solar, de 8.244 metros, de la gasolinera se cerró en enero de 1993 y, pese a que se escrituró en 700.000 pesetas, ha sido tasada en marzo de 1998 en 347 millones, como garantía de un préstamo de 60 millones contraído por Conlaofu con el BBV. Carlos González Lázaro, ex ejecutivo del Banco de las Islas Canarias, entidad que en los años setenta ostentaba la propiedad de la mayoría de los solares de Corralejo, recuerda que vendió esta parcela para que se construyera allí un centro comercial. Ése era el uso que se contemplaba. «Me llevé una sorpresa cuando años después vi allí una gasolinera», señala González. El rastro del senador vuelve a aparecer también en este negocio. Además de que su esposa haya sido la apoderada de Conlaofu y regente ahora el negocio, el propio alcalde ostenta la propiedad de un piso construido sobre la oficina de la gasolinera. En él reside una de sus hijas. Conlaofu y Pila participan en el capital de Radio Difusión Fuerteventura SA, una emisora de radio asociada a Onda Cero que defiende los intereses políticos del alcalde y senador popular. Juan Santana Reyes, militar en la reserva que ejerce como su secretario personal, fue el administrador único de esta sociedad en 1990. Cuando el periodista telefonea y pregunta por el propietario una empleada contesta: «No sabemos quién es nuestro dueño. Llame más tarde y pregunte por el administrador». González Arroyo declaró poco antes de que se archivara su denuncia: «Puede que bordee la ley pero nunca me he cogido los dedos». No insistió, en cambio, en la frase que le hizo tristemente famoso: «No ha nacido macho que me tumbe de la alcaldía. Esa hazaña sólo la puede hacer una hembra virgen y sin desfondar».

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Sobre la firma

José María Irujo
Es jefe de Investigación. Especialista en terrorismo de ETA y yihadista, trabajó en El Globo, Cambio 16 y Diario 16. Por sus investigaciones, especialmente el caso Roldán, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Ortega y Gasset y el Premio Internacional Rey de España. Ha publicado cinco libros, el último "El Agujero", sobre el 11-M.

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