Tocino: «Echo de menos la ayuda de los ecologistas en Doñana»

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, afirmó ayer que había «echado en falta a los ecologistas echando una mano en Doñana» desde el momento en que se rompió la presa de Aznalcóllar (Sevilla), el pasado sábado. Recién llegada del Parque Nacional para presidir en Madrid el Consejo Nacional del Agua, Tocino aseguró que las marismas del parque están «a salvo». Y dio la bienvenida a los ecologistas para evaluar la situación en que han quedado el parque nacional y su entorno. Tanto Greenpeace, que ha enviado un barco a la zona para estudiar los efectos de la riada contaminante, como la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), rechazaron la acusación de la ministra. Y criticaron su actitud «excesivamente optimista» con respecto a la situación de Doñana y su entorno. «Es imposible que el parque no se vea afectado», afirmó el presidente de la CODA, Santiago Martín, quien señaló a la Junta de Andalucía, al propio Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como responsables del desastre ecológico.

El corazón del parque está, según la ministra, protegido por 80 metros de terreno arcilloso que impiden la filtración de las aguas ácidas contaminantes que ya lo rodean. La principal preocupación del ministerio es ahora extraer el lodo contaminado del cauce del Guadiamar, principal fuente de agua de Doñana. Y evaluar el alcance de los daños, para lo que ya hay abierta una investigación. Los servicios jurídicos del ministerio trabajan ya para ver qué tipo de acciones legales se pueden emprender.

En Toledo, donde inauguró por la tarde un congreso internacional sobre medio ambiente, Tocino afirmó que debe ser el juez quien depure responsabilidades, informa Isabel Salvador .

La situación en Doñana eclipsó el objeto de la reunión del Consejo Nacional del Agua, máximo órgano consultivo del Estado en esta materia: aprobar sendos informes sobre los planes hidrológicos de cuenca -son nueve y suponen el primer paso para elaborar el Plan Hidrológico Nacional- y la reforma de la Ley de Aguas. El Ministerio de Agricultura logró introducir una modificación sobre la extensión de los nuevos regadíos que autorizan los planes de cuenca. Los dos textos deben ser aprobados por el Consejo de Ministros.

Mientras el Consejo votaba los informes, una treintena de personas se manifestaba a las puertas del Palacio de Congresos. Eran miembros de Conagret, la coordinadora que agrupa a los afectados por embalses y trasvases, que protestaban contra «la irracionalidad» de los planes de cuenca, que, según ellos, son «simples catálogos de obras».