Un informe municipal avala que el tratamiento del IVA en la permuta de Orihuela es irregular
El tratamiento que se otorgó al IVA resultante en la operación de permuta de terrenos que a principios de 1997 formalizaron el Ayuntamiento de Orihuela y la mercantil Construcciones Rucorsa , no se ajustó a la Ley sobre el Impuesto del Valor Añadido de 1992, según revela un informe técnico municipal solicitado por un juez ante la denuncia por presunta estafa tramitada por los siete concejales del PSPV del Consistorio. El interventor general del Ayuntamiento, José Manuel Espinosa, entregó a finales de marzo su informe al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad.
En ese documento, el técnico asegura que el Ayuntamiento "no es sujeto pasivo" de ese impuesto en esa operación concreta, aunque se erigió en tal condición en el momento de escriturar la permuta ante notario. El canje de terrenos para favorecer el establecimiento de servicios públicos no figura en el listado de supuestos en los que se puede aplicar una contraprestación tributaria, según el informe. En la misma acta notarial, la mercantil renunció a la exención del IVA, condición aceptada por el Ayuntamiento. "Ese paso supone no hacer frente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales", aseguró el portavoz del PSPV. Pese a la opinión del experto municipal, ayer se supo que el juez ha decretado el archivo del caso por no estimar indicios de delito, al tiempo que ha remitido el auto a las partes y al Ministerio Fiscal, que pueden recurrir o aceptar su decisión. Nada más conocer la noticia, los denunciantes anunciaron que presentarán recurso, porque a su entender "el informe del interventor corrobora la base principal de la denuncia". El portavoz socialista, José Francisco Lorente, reclamará también la intervención del Ministerio de Economía y Hacienda, al que sitúa como perjudicado por no haber ingresado los impuestos correspondientes a la operación. En el expediente judicial archivado consta también la declaración del representante de la mercantil, en la que asegura que Construcciones Rucorsa "no entregó cantidad alguna de dinero en metálico o de otra forma al alcalde" en el acto de escritura pública de la permuta ante notario. Según esa versión, se trató únicamente de una compensación documental, acogiéndose para ello al artículo 20 del Reglamento del IVA. La denuncia fue presentada por los concejales socialistas el 3 de enero, antes de que estallara en Orihuela la crisis municipal protagonizada por los concejales del PP, y aunque poco después el juez decretó el archivo de la causa, la presentación de nuevas pruebas por parte del PSPV forzó la reapertura del caso y el inicio de diligencias. Ahora, el juez ha decretado el segundo archivo, aunque los denunciantes se muestran dispuestos a llegar ante la Audiencia Provincial para que se esclarezca el caso. José Francisco Lorente, portavoz del grupo, declaró ayer que su partido optó por la vía judicial "ante la insistente negativa" del equipo municipal de gobierno, del PP, a investigar sus denuncias por vía administrativa, informa Carmen Gómez.
