¿Reformar el IRPF?¿Para qué?
El IRPF es el impuesto con mayor capacidad recaudatoria, casi cinco billones de pesetas en 1996, y el elemento central de progresividad fiscal de nuestro sistema tributario. Reformar el IRPF significa adoptar decisiones políticas trascendentales sobre el volumen futuro de los recursos públicos, el grado de equidad en el reparto de los esfuerzos fiscales y, en última instancia, sobre el sistema de pensiones, el tipo de sanidad o el modelo educativo.Nadie discute la necesidad de reformar el IRPF. En cambio las razones que se esgrimen para proceder a su reforma son distintas y conducen a propuestas de reforma fiscal muy diferentes.
La comisión de expertos, el Gobierno del PP, CiU y determinados sectores económicos y empresariales plantean la reforma fiscal con el objetivo fundamental -dicen- de fomentar el ahorro interno para que se traduzca en inversión y crecimiento económico, uno de los grandes dogmas neoliberales.
Sin embargo, los estudios empíricos no demuestran que una menor fiscalidad se traduzca en una mayor tasa de ahorro. Asimismo, las experiencias de Reagan y Thatcher en los años ochenta, demuestran que EE UU y el Reino Unido tuvieron, en ese periodo, las tasas de inversión en sus sectores privados menores de todos los países de la OCDE.
Además, en ocho de los últimos diez años, la tasa de ahorro española ha sido superior a la media comunitaria. La falta de ahorro interno no ha sido, por tanto, la razón de la insuficiencia de inversiones en España. Un país debe generar ahorro para poder invertir, pero las razones por las que ese ahorro se moviliza son otras. También argumentan dichos sectores que hay que simplificar el impuesto y evitar la deslocalización del ahorro hacia otros países de la Unión Europea. Considerando que el 84% de las declaraciones son simplificadas y que la existencia de ocho tramos, en lugar de seis, no ofrece mayores dificultades a la hora de efectuar la declaración, no parece que la necesidad de simplificación sea una cuestión de gran trascendencia. No obstante, la simplificación siempre es deseable porque sería buena para el contribuyente y para la propia Administración tributaría. Pero esto no se logra con menores tramos o con tipos más bajos.
En cuanto a la deslocalización del ahorro hacia otros países de la UE, no hay que olvidar, en primer lugar, que la legislación no exime de tributar en el país donde se tenga la residencia fiscal. En segundo lugar, de lo que se trata es de establecer un sistema de información sobre los rendimientos de capital entre países, que impida la elusión y el fraude fiscal así como armonizar la fiscalidad de las rentas de capital en la UE.
La propuesta de reforma fiscal, que se deriva de los argumentos hasta ahora examinados, se ha. construido sobre la concepción de que los mecanismos de redistribución del Estado y, por tanto, la equidad, afecta negativamente a la eficiencia del sistema productivo y económico. Esta reforma se orienta, por tanto, a una disminución de los ingresos públicos -más de medio billón de pesetas- que reduce el Estado de bienestar y disminuye el- gasto público y sus efectos redistributivos. Es, por otra parte, una reforma que globalmente favorece a las rentas más altas.
Desde una óptica distinta a la anterior, la reforma fiscal debería contribuir a superar algunos de los puntos críticos del actual sistema tributario a la luz de los principios de suficiencia y de equidad. Los tres ejes fundamentales son los siguientes:
1. La necesidad de aumentar de forma moderada los ingresos fiscales con la finalidad de obtener financiación adecuada para mantener y mejorar un buen sistema de servicios públicos. Un aumento compatible con un mejor tratamiento de las rentas del trabajo, principalmente por lo que respecta a los niveles bajos y medio si se produjera una elevación de la base imponible en el conjunto de los impuestos, no sólo en el IRPF, como consecuencia de una eficaz lucha contra el fraude fiscal, o si se suprimiera el tratamiento privilegiado de determinadas rentas del capital, entre otras medidas.
El debate sobre la reforma del IRPF está íntimamente relacionado con el tipo de Estado de bienestar que se desea. El sector público español sigue siendo menor que el promedio de los países de la UE, tanto por lo que se refiere a los gastos (5,8 puntos), o a los ingresos tributarios (7,2 puntos). Por este motivo es rechazable cualquier propuesta global de reducción de ingresos dado que aboca a una disminución del gasto público.
Por otra parte, es cínico lanzar simultáneamente el mensaje de la inviabilidad de mantener en el futuro determinadas prestaciones sociales, las pensiones públicas o el gasto sanitario por ejemplo, y al mismo tiempo proceder a una disminución de los ingresos públicos del Estado.
2. El IRPF: ¿un impuesto sobre la renta o sobre la nómina? El IRPF se ha convertido en un "impuesto sobre las nóminas". Dos de las características más paradójicas del IRPF lo constituyen dos hechos interrelacionados. Uno es el desproporcionado peso de las rentas del trabajo, y el otro son las bajas cantidades que se tributan por el concepto de rentas del capital y empresariales. Respecto a las fuentes de renta, en 1996 las rentas de trabajo supusieron el 80,81% del total, porcentaje que aumenta año tras año. Por el contrario, las rentas del capital y empresariales disminuyeron su participación como consecuencia de una infravaloración de los rendimientos declarados.
Medidas como las que ha tomado el Gobierno del PP de fijar un tipo único para las plusvalías (el 20%) con independencia del nivel de renta, supone agravar aún más esta injusta situación, ya que rompe la progresividad del impuesto y provoca una disminución de la recaudación.
3. El elevado fraude fiscal es el principal problerna del sistema tributario español. Parece razonable que antes de proceder a cualquier reforma del sistema fiscal se adopten medidas eficaces y contundentes en la lucha contra el fraude. Pero en el actual debate de la. reforma fiscal el fraude es el gran ausente, como lo es en la política del Gobierno. En 1994 el Instituto de Estudios Fiscales lo evaluó en una magnitud equivalente al 5,5% del PIB, lo que para 1997 significa más de cuatro billones de pesetas.
El combate contra el fraude fiscal ha de situarse de forma prioritaria en el debate y en las propuestas de mejora del sistema fiscal. Esta situación ha de suponer un claro mandato al Gobierno para que dote a la Agencia Tributaria de mayores medios humanos y técnicos, para que mejore las actuales variables para medir la eficacia de la lucha contra el fraude y, especialmente, para modificar la actual legislación sobre el delito fiscal.
Paradójicamente, hace un mes que se ha aprobado el Estatuto del Contribuyente que reduce los instrumentos de lucha contra el fraude.
En resumen, el IRPF y el sistema fiscal español en su conjunto necesitan de una reforma y los cambios han de redundar en un aumento moderado de los íngresos públicos que permita mantener y mejorar nuestro Estado de bienestar. La reforma ha de mejorar, -también, el tratamiento de las rentas de trabajo, suprimir el tratamiento privilegiado de determinadas rentas del capital, empresariales y profesionales y dar prioridad a políticas de lucha contra el fraude, por ser éste el principal elemento de injusticia fiscal de este país.
