Dimite el consejero del Gobierno valenciano investigado por un presunto delito fiscal

Luis Fernando Cartagena, consejero de Obras Públicas del Gobierno valenciano, en manos del PP, anunció ayer su dimisión para evitar que su vinculación con un presunto delito fiscal sea utilizada contra el Ejecutivo de Eduardo Zaplana. El juez investiga a Cartagena como titular de unas cesiones de crédito por valor de al menos 164 millones de pesetas, constituidas en el Banco Santander en 1988, cuyos rendimientos, más de 15 millones, no declaró a Hacienda.

Cartagena se convirtió ayer en el primer miembro de un gobierno autonómico del PP que renuncia al cargo desde que Gabriel Cañellas dejó la presidencia del gobierno balear en julio de 1995.El consejero valenciano fue identificado en 1992 como titular de un producto financiero del Banco Santander que no exigía retención tributaria por parte de la entidad financiera. Cartagena constituyó cesiones de crédito por valor al menos de 164 millones, según informes elaborados por peritos judiciales a requerimiento del juzgado de delitos económicos de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

La entidad financiera atribuyó los depósitos a un empresario ilicitano, quien asumió la responsabilidad fiscal sobre ellos. Sin embargo, los informes periciales señalan que los documentos presentados por el Banco Santander no se ajustan a los mensajes infórmáticos de teleproceso de la propia entidad, que señalan inequívocamente a Cartagena como titular de los depósitos opacos. La investigación judicial, iniciada por el entonces juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, en 1992, ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juez José Flors ha ratificado diligencias anteriores y solicitó un nuevo análisis de los registros informáticos del Santander a técnicos de la Universidad de Valencia. El informe, que ratifica otros previos, llegó al juez el pasado viernes.

Cartagena siempre ha negado ser titular de estos activos financieros. En una reciente comparecencia ante las Cortes Valencianas negó cualquier relación de "un problema privado" con su condición de alcalde de Onihuela, diputado provincial y nacional por Alicante, o miembro del Consell, cargos que ha desempeñado a lo largo de los últimos 12 años. Es, además, presidente comarcal del PP en la Vega Baja y miembro de la ejecutiva nacional.

En la misma comparecencia, Cartagena anunció que dimitiría si se llegara al juicio oral. Aunque el juez Flors aún no se ha pronunciado sobre el último informe que ha recibido, el consejero comunicó a Zaplana su intención de dimitir el mismo viernes. Al perder su condición de aforado, la pieza separada que se seguía contra él volverá a incorporarse al sumario general que instruye desde 1992 la Audiencia Nacional.

Ayer, Cartagena compareció en el Palau de la Generalitat para explicar, en tono distendido, que el peso de su condición de cargo público sobre su vida privada y, paralelamente, el desgaste del gobierno valenciano ante la difusión de su situación le habían llevado a renunciar al cargo. Tras consultar con Zaplana, ambos acordaron anunciar su dimisión.

El consejero atribuyó a una estrategia del PSOE "con apoyo de algún medio" la difusión "impúdica" de asuntos privados que afectan a sus derechos individuales y a los de otros implicados. Calificó como "una perversión del sistema" que un diario difunda informes periciales "declarados secretos" amparándose en el Iegítimo derecho" de la libertad de información y aseguró que "se intenta teñir con vitolas de corrupción" al PP valenciano. Cartagena expresó su absoluta "lealtad" al PP y dijo: "Mi cerebro y mis manos siguen a disposición del partido".

Como muestra de apoyo, Zaplana acompañó a su consejero y "amigo personal desde hace años" a la mascletá en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. "Yo le creo por encima de todo y estoy convencido de su absoluta inocencia", dijo Zaplana. Agregó que la dimisión de Cartagena "le enaltece" por comparación con la actitud que "otros", en alusión a los socialistas, demostraron ante sus problemas judiciales.

El caso se remonta a 1992, cuando el juez Moreiras, comenzó la instrucción de una causa contra el Banco Santander y los tenedores de depósitos opacos a instancias de la Agencia Tributaria. Cartagena era entonces diputado nacional por Alicante y, por lo tanto, aforado. El Supremo indicó a Moreiras que no detuviera la instrucción por la implicación de un aforado, pero se desgajó del sumario una pieza sobre Cartagena, que sólo declaró como testigo.

La juez Teresa Palacios asumió el juzgado de Moreiras en el año 1996 y pidió diversos informes técnicos sobre el caso que señalaron de nuevo a Cartagena como titular de cesiones de crédito. El fiscal Jesús Santos, de la Audiencia Nacional, apreció indicios racionales de criminalidad y solicitó el traslado de la pieza separada correspondiente a Cartagena al TSJCV, única instancia autorizada para abrir juicio oral a miembros del Consell de la Generalitat. El TSJCV se declaró competente en enero de este ano.