Dos en lugar de uno
A los pocos días de conocerse las declaraciones de Luis María Anson, el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, comentó que la mejor prueba de que los socialistas no se las tomaban en serio era la ausencia de cualquier "iniciativa parlamentaria" al respecto.Con buen criterio, el presidente del Congreso consideraba que la prueba del nueve de la relevancia de un asunto público en cualquier democracia digna de tal nombre la proporciona su tramitación parlamentaria. Si el asunto no es serio, no soporta la prueba del debate parlamentario. Y a la inversa. De ahí que Federico Trillo concluyera que si el PSOE no reaccionaba en el lugar en que tenía que hacerlo, es que tales declaraciones no podían ser tomadas en serio.
Cuando leí el comentario del presidente del Congreso me pareció perfectamente razonable. Unas declaraciones como las del ex director del Abc están afectadas de entrada por una presunción de falta de seriedad, que sólo puede ser destruida (o confirmada) por el debate parlamentario.
Y sólo puede serlo, porque el compromiso que se adquiere en un debate parlamentario no tiene equivalente a ningún otro. En el debate parlamentario no valen las garantías que tiene el acusado en el proceso penal. No hay nada más grave, políticamente hablando, que faltar a la verdad en sede parlamentaria.
Por eso estaba de acuerdo con el presidente del Congreso. Unas declaraciones que han tenido el eco que han tenido, en España y fuera de España, como cualquier lector de prensa europea sabe, tienen que pasar necesariamente por el filtro parlamentario. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es la opinión del órgano constitucional que los representa respecto de la operación desvelada por Luis María Anson.
También por eso, me ha resultado sorprendente la actitud leguleyesca de Federico Trillo, interpretando el reglamento de la Cámara para hacer imposible lo que hace unos días consideraba una exigencia inexcusable en una democracia parlamentaria.
No sé si el presidente del Congreso es consciente de que si antes, en relación con este tema, había un problema, ahora hay dos. El primero sigue siendo la negativa del vicepresidente primero del Gobierno a comparecer ante el Congreso para explicar su conducta en la operación desvelada por Luis María Anson. El segundo, el comportamiento del presidente del Congreso, que ha incumplido las obligaciones de su cargo y ha actuado no como presidente de la Cámara sino como presidente del grupo parlamentario del PP.
El presidente del Congreso no puede nunca olvidar que es portador de obligaciones antes que de derechos. Está al frente de la institución a través de la cual conecta la soberanía popular con la organización constitucional del Estado. En el Congreso descansa "orgánicamente" toda la cadena de legitimación democrática del Estado. Por eso, la primera obligación de su presidente es respecto de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que el Congreso se ocupe de todos los asuntos relevantes para la opinión pública. La segunda es respecto de la propia Cámara. El presidente lo es de todo el Congreso y no de quienes le votaron. Estas dos obligaciones son las que tienen que presidir su actuación -y tienen que ser hechas valer incluso frente al Gobierno y al partido que propuso su nombramiento. Si no se está dispuesto a ello, mejor no aceptar el cargo.
El incumplimiento de sus obligaciones, señor presidente, ha sido escandaloso. No sólo no ha encauzado democrática y parlamentariamente el problema que estaba planteado, sino que ha generado otro, posiblemente más grave todavía.
