Ofensa irresponsable

LO QUE ya era absurdo antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco -denunciar al Gobierno español ante instancias europeas por no acercar a Euskadi a los presos de ETA- se convierte tras aquel crimen y la movilización que le siguió en una provocación ofensiva: para las instituciones democráticas, pero también para los millones de ciudadanos que entonces expresaron clara mente su exigencia de que los políticos dejaran de supeditar a intereses partidistas o personales el interés compartido de poner fin al terrorismo.Con buen criterio, el Gobierno vasco decidió el martes evitar el conflicto institucional, e incluso la polémica pública, en tomo al problema planteado por la utilización de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la protección de los concejales vascos del PP sin acuerdo previo. Horas antes, y en abierta contradicción con la voluntad de no dar bazas a ETA que reflejaba esa decisión, el PNV acordó denunciar la política penitenciaria del Gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo.

La actual política penitenciaria del Gobierno en relación a los presos etarras es discutible. En su, día se optó por la dispersión con el argumento -apoyado también entonces por el PNV- de que sólo así podrían los presos sacudirse del control de los comisarios políticos de ETA y recobrar su individualidad. Hoy existe un cierto consenso en sentido contrario, y así lo hemos expresado repetidamente: el aislamiento favorece reacciones de desesperación y radicalización. El propio Gobierno es favorable a un acercamiento paulatino, aunque siempre con criterios de tratamiento individual. Mayor Oreja añadió ayer otra condición: no habrá acercamiento bajo una ofensiva de ETA. Otros partidos discuten ese criterio, porque supeditar el ritmo de acercamiento a la ausencia de atentados equivale a dejar la iniciativa a la banda terrorista.

¿Justifica esa legítima divergencia el recurso a instancias internacionales? La desproporción sería evidente incluso si no existiera de por medio un problema de terrorismo. Habiéndolo, es gravemente irresponsable. ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco en nombre de la supuesta vulneración de los derechos de los presos vascos. Veinte días antes, el presidente del PNV había amenazado con "denunciar la política penitenciaria del Gobierno ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" por considerar que "es una inmoralidad lo que están haciendo con los presos". Se pensó entonces, tras el terrible desenlace, que quienes habían alimentado esa dinámica renunciarían a prolongarla. Ahora se ve que era un pensamiento piadoso. A no ser que se trate de un movimiento para aparcar el asunto en Estrasburgo. Pero, aunque así fuera, no dejaría de ser irresponsable.