¿Qué nos impide crear más empleo?

La aplicación de la reforma laboral, producto de los Acuerdos para la Estabilidad en el Empleo que suscribieron en abril las organizaciones sindicales y empresariales, nos está permitiendo avanzar en una mayor creación de empleo indefinido, que ha multiplicado por tres su ritmo en los meses que lleva en vigor la reforma. Esto es muy halagüeño, pero no suficiente.De entrada, y ante unas mejores expectativas de encontrar trabajo, ha aumentado súbitamente el número de demandantes de empleo, de suerte que la tasa de paro se ha reducido menos de lo esperable. Es bueno, sin embargo, que se amplíe nuestra tasa de actividad, que era una de las más bajas de Europa. Significa que ahora somos más a subvenir con nuestros impuestos y cotizaciones sociales el peso del Estado, lo que significa, como es lógico, que el esfuerzo per cápita puede disminuir.

Pero está igualmente claro que el objetivo final, que es reducir sensiblemente ese 20% de parados que existe, según la Encuesta de Población Activa, sigue siendo irrenunciable.

Hay todavía muchos factores a remover para avanzar más deprisa. De hecho, ya he dicho repetidas veces que una reforma laboral, sensu estricto, no se puede dar por concluida hasta que. no se aborden cuestiones capitales, como es el funcionamiento y financiación de la Seguridad Social y el desempleo.

He aquí algunas cifras. En 1997 el Presupuesto Consolidado del Estado y la Seguridad Social prevé unos ingresos de 27,5 billones, aproximadamente. De ellos, los impuestos directos, los que gravan la renta en el momento en que se obtiene, suponen unos 7,4 billones. Los impuestos indirectos, vinculados al momento en el que esa renta se gasta, suponen otros 6,3 billones. ¿Son éstos los dos principales capítulos de ingreso? Pues no. Él más importante es el de cotizaciones sociales, que recaudan más de ¡8 billones en este año. De esta cantidad, el 82% corresponde a los que pagan las empresas.

Así pues, y tecnicismos aparte, se puede decir que hay impuestos sobre la renta impuestos sobre el consumo e impuestos sobre el empleo, y que de estos tres, el que tiene más eficacia recaudatoria es justamente el que gravita sobre los que crean y mantienen los Puestos de trabajo.

Por todo ello, la reforma de los sistemas de protección social (Seguridad Social y desempleo), estableciendo una fórmula de financiación que sea menos perjudicial para el empleo, sigue siendo un objetivo básico si querernos seguir reduciendo la tasa de paro.

Por lo demás, hay que mentalizarse de que no existen soluciones traumatúrgicas y fulminantes para acabar con el problema. El arbitrismo, es decir, la propuesta de soluciones simples a problemas complejos, es mortal de necesidad cuando se aplica a la cuestión del paro.

Ya nos gustaría a todos que el asunto se solucionase trabajando menos horas y cobrando lo mismo, o encontrando en la Administración los puestos de trabajo que faltan, o prejubilando a trabajadores para dar entrada a otros más jóvenes. El problema es que medidas como las apuntadas conducen inexorablemente a menos competitividad, más gasto público o mayores cargas de la Seguridad Social, y a la larga todo ello destruye más empleos que aquéllos que se hubieran podido crear.

Si, por ejemplo, se tiende a trabajar menos horas es forzoso que la remuneración percibida sea también menor. En este caso, ya no estamos ante un modelo de reducción de jornada, sino de trabajo a tiempo parcial, sistema que en, sí mismo es positivo porque permite incorporar a la población activa a personas que por tener responsabilidades familiares, o por estar estudiando, o por cualquier otra razón, no pueden trabajar a jornada completa.

En Europa, el trabajo a tiempo parcial supone 10 puntos más que en España, medido sobre población activa. El hecho de que esos 10 puntos sean precisamente los que tenernos más de paro (y también de menor tasa de actividad respecto a Europa), nos indica que es un área donde podemos crecer y solucionar una parte del problema.

En la misma línea, como se trata de crear puestos de trabajo productivos, que generen algún bien o servicio, y no simples ocupaciones, es dudoso que éstos puedan provenir de la Administración. Inflar la nómina de los que perciben rentas del Estado puede ser aparentemente positivo, si es que se trata de cambiar subsidios por empleos, pero a medio y largo plazo se plantea el gran problema de cómo dar continuidad a esos puestos de trabajo, porque o bien los asume el sector privado (cosa improbable, porque ahora no los demanda), o bien se consolidan como empleos de la Administración, lo que incrementaría el gasto público y, por ende, los impuestos o el déficit.

En cuanto a las prejubilaciones, la experiencia de años pasados demuestra que es una salida en falso que no hace más que incrementar los desequilibrios financieros de los sistemas de protección social, obliga a incrementar las cuotas y con ello dificulta, más que soluciona, la generación de nuevos puestos de trabajo.

En conclusión, para que podamos disminuir de manera sostenida la tasa de desempleo es necesario mantener el crecimiento económico, dentro de un esquema de mayor flexibilidad de las relaciones laborales, reduciendo el peso de las cotizaciones sociales y en un modelo de negociación que permita medidas consensuadas entre los agentes sociales.

A todos se nos puede pedir que volquemos nuestros mejores esfuerzos en esta dirección, y a su vez nosotros debemos exigir que no se vuelvan a repetir errores pasados (reducción impuesta de jornada, incremento de gasto público, subida de cotizaciones, etcétera), que ya se ha demostrado que entorpecen, más que ayudan, al objetivo común de proporcionar puestos de trabajo.