El 'caso Trevijano'

Los 15 millones de pesetas que el Gobierno regional, del PP, pagó al abogado Antonio García Trevijano para que resolviese en el registro de la propiedad de Alcalá de Henares un problema jurídico respecto a una finca de la Comunidad de Madrid suponen un "despilfarro de dinero público", según denunció ayer en el pleno de la Asamblea de Madrid el diputado socialista, Juan Antonio Ruiz Castillo.El parlamentario aseguró que la consejería de Educación y Cultura había encargado a dedo un trabajo al abogado Antonio García Trevijano, por el que éste cobró 15 millones de pesetas. Las tarifas del Colegio de Abogados manejadas por Ruiz Castillo demuestran, según el diputado socialista, que la tarea adjudicada a García Trevijano sin concurso previo no cuesta más de ocho millones.Se le encargó a García Trevijano porque su sobrino era el registrador de la propiedad de Alcalá de Henares, según la denuncia socialista. Para rematar su crítica, Ruiz Castillo aportó una copia de la hoja de registro de la finca que supuestamente está ya escriturada a nombre de la Comunidad de Madrid, según el Gobierno regional, pero que en realidad todavía figura a nombre de su antiguo propietario, la corporación Banesto. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, no concedió relevancia a este detalle: "La finca ya es propiedad de la Comunidad de Madrid", señaló a este periódico. Ruiz-Gallardón prefirió hablar del pasado de los terrenos para acusar al Gobierno socialista de negligencia al no haber conseguido en seis años hacerse con la titularidad de la finca, pese a que firmó un convenio con Banesto en 1989.