El Gobierno se compromete a acelerar el pago de las indemnizaciones de la colza

Se "cumplirá la sentencia" del Tribunal Supremo sobre la colza y se "acelerará" el pago de las indemnizaciones. Ése es el compromiso que el Gobierno asumió ayer a través de su secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros. Su homólogo de Economía, Cristóbal Montoro, advirtió que ello supondrá una "complicación" presupuestaria y que, por tanto, tendrán que afrontarla "todos los ciudadanos, todos". Los abogados de las víctimas piden que se distinga ya entre los herederos de los muertos y los afectados con gran invalidez, por un lado, y los restantes enfermos, por otro, con el fin de que al menos para los primeros la espera se acorte.

El Tribunal Supremo sólo ha declarado al Estado responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones. Quienes, en principio, deben encararlas son los dos ex altos cargos públicos condenados por imprudencia temeraria: Manuel Hernández, que en 1973 dio el visto bueno a la anilina como desnaturalizante del aceite de colza para un caso industrial concreto, pero que debió prever el peligro potencial de su decisión, y Federico Povedano, que no controló las excesivas importaciones de ese producto realizadas por una empresa.Es obvio, sin embargo, que ambos no pueden abonar los 540.000 millones de pesetas a los que, de acuerdo con las primeras estimaciones, pueden elevarse las compensaciones. Pero los letrados de las víctimas se temían que la Administración utilizase, por ejemplo, los trámites jurídicos necesarios para proclamar su insolvencia económica con el propósito de demorar los pagos durante "un año o más".

Un recelo infundado, según lo declarado ayer por el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. El Gobierno, dijo, se alegra de que los damnificados vean el final del camino judicial, asume la sentencia y está dispuesto a colaborar en que las indemnizaciones, una vez que se establezcan caso por caso, se paguen "con celeridad".

A su vez, su homólogo de Economía, Cristóbal Montoro, reconoció que, dependiendo de cómo se plantee, en cuánto tiempo, ese medio billón podría ser un "pinchazo" en la recuperación económica y "complicar" los presupuestos. "Pero todos los ciudadanos, todos", advirtió, "debemos hacer frente a una desgracia nacional como fue la de la colza".

Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como Antonio García de Pablos, los representantes de la mayoría de las víctimas, pretenden que se distinga ya entre los herederos de los muertos y los afectados con gran invalidez, por un lado, y los restantes enfermos, por otro, a fin de que al menos para los primeros la espera se acorte. Para los demás solicitan "suficientes médicos" en el tribunal que los examine, que calculan que no funcionará "antes de tres meses", para que cada caso se resuelva con la máxima rapidez posible.