El eterno retorno

EL MINISTRO del Interior ha dicho que está dispuesto a intentar consensuar, con los partidos democráticos vascos la política penitenciaria. La liberación de Ortega Lara y el compromiso de los partidos del Pacto de Ajuria Enea de no actuar conjuntamente con HB son los dos factores nuevos que pueden favorecer ese acuerdo. Pero antes incluso de intentarlo ya ha surgido la discrepancia sobre si conviene o no disolver la ponencia sobre acercamiento de presos constituida en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.Ortega Lara fue secuestrado en nombre del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas, asunto sobre el que existía a fines de 1995 un consenso básico en Euskadi. El secuestro distorsionó ese consenso y favoreció dinámica absurda de enfrentamiento entre los demócratas de las que únicamente se beneficiaron ETA y HB. La principal divergencia estaba en que el ministerio consideraba que la política de acercamiento no debía aplicarse indiscriminadamente, sino de forma individualizada, según las circunstancias y la actitud de cada recluso.

Por motivos diversos, esa divergencia, cínicamente manipulada por HB, fue magnificada por algunos partidos, y lo que era una política penitenciaria simplemente discutible se convirtió, en una súbita metamorfosis grotesca, primero en vulneración flagrante de la legalidad, y después, en atentado contra los derechos de los presos. Un atentado que hacía necesario denunciar al Gobierno español ante los tribunales internacionales de Derechos Humanos (los que juzgan a los genocidas y criminales de guerra, por ejemplo). El asunto cobró una dinámica literalmente incomprensible, con episodios tan insólitos como la humillante visita de la citada comisión a un jefe de ETA para presentarle un plan de acercamiento de presos, que el susodicho rechazó con desprecio olímpico.

Esa dinámica absurda fue interrumpida por la movilización que siguió al asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, tomado como rehén alternativo tras la liberación de Ortega Lara. Los partidos políticos comprendieron lo absurdo de cooperar en iniciativas de defensa de los derechos humanos con quienes se atribuían el de secuestrar y asesinar a los demás (por ejemplo, al propio presidente de la Comisión de Derechos Humanos); algunos políticos incluso dieron la impresión de haber comprendido que no era posible desligar del todo la confusión a que habían contribuido y el desenlace que todos lamentaban.

La movilización y los acuerdos de romper lazos con HB dieron al PNV, EA e IU un buen pretexto para salirse del laberinto en que se habían metido. Lo más razonable sería disolver la famosa ponencia, lo que podrían justificar, si consideran que el ridículo no es motivo suficiente, alegando la imposibilidad reglamentaria de excluir de ella a HB.

Y lo más lógico sería intentar recomponer en otro marco el consenso sobre política penitenciaria. Por ejemplo, en la Mesa de Ajuria Enea, de la que HB está expresamente excluida por no rechazar la violencia. A estas alturas, sólo el afán de no dar el brazo a torcer puede justificar la resistencia a una salida de ese tipo, que, es viable y sensata,

Pero también Interior debe aportar voluntad conciliadora para restaurar el consenso. El principio genérico de tratamiento individualizado es compatible con iniciativas más audaces. Por ejemplo, del acercamiento de los presos que se encuentran en los penales más alejados.