La devolución de Tony Blair
TONY BLAIR se ha lanzado de cabeza hacia la descentralización del Reino Unido. Si logra sus objetivos -en línea con sus promesas electorales-, para el año 2000 la estructura de ese país habrá cambiado radicalmente. En septiembre, Escocia y Gales habrán de pronunciarse en sendos referendos sobre una devolución de competencias que puede parecer corta vista desde España, pero que supone un giro histórico en ese país. En mayo de 1998, si el proceso de paz tiene éxito, le tocará el turno a Irlanda del Norte. No es, sin embargo, un proceso de autonomía igual para todas las regiones. De momento, Inglaterra se queda sin ella y sus destinos serán regidos desde el Parlamento británico en Westminster. El Gobierno de Blair ha anunciado también sus planes para dotar a Londres de un alcalde elegido por sufragio universal directo.El Nuevo Laborismo intenta así recuperar la idea del poder local. Ninguna presión especial le obligaba a ello, pero era un compromiso electoral. El intento anterior de otorgar autonomía local a estos dos territorios fracasó en 1979, de la mano del anterior Gobierno laborista de Jim Callaghan. Bien podría ocurrir lo mismo esta vez si llegan a sumarse en contra los votos de los que consideran la propuesta excesiva, y los de los independentistas, que la consideran insuficiente.
Si en septiembre se aprueba la reforma, Escocia celebrará elecciones y su nuevo Parlamento y Ejecutivo estarán operativos en el 2000, con amplios poderes en materia de sanidad, educación, interior, política municipal, etcétera. En realidad, lo que hace el Estado central es quedarse en exclusiva con una serie de competencias, como la política exterior -aunque ministros escoceses pondrán participar en las delegaciones británicas ante la UE-, la defensa, la seguridad social o los impuestos. Y es por aquí por donde el esquema puede cojear. Pues el Parlamento escocés, de 129 miembros, tendrá muchos poderes para gastar lo mismo que recibe ahora Escocia, pero en materia de ingresos sólo tendrá capacidad para modificar en un 3% el impuesto sobre la renta.
No obstante, en el contexto británico, la propuesta es radical. Tanto que el texto gubernamental de presentación de la propuesta se ve obligado a recordar que "Escocia seguirá siendo parte integrante del Reino Unido y la reina seguirá siendo el jefe de Estado del Reino Unido. El Parlamento del Reino Unido es y seguirá siendo soberano".
La de Gales será una autonomía mucho más reducida, pues los 60 diputados de la Asamblea galesa se limitarán prácticamente a supervisar las agencias semiindependientes que han proliferado en los últimos años.
Lo curioso es que al menos de momento, Inglaterra se queda sin autonomía. Los diputados escoceses en la Cámara de los Comunes pondrán legislar sobre la educación en Inglaterra, pero los ingleses no podrán votar sobre la legislación escocesa al respecto. Es un ensayo cuyas ventajas y carencias se podrán apreciar con rapidez, para, en su caso, introducir asambleas autonómicas en las regiones inglesas.
La elección directa del alcalde de Londres por sus cinco millones de votantes puede, además de otorgar una mayor autonomía administrativa a la capital -que Margaret Tahtcher eliminó al suprimir el Consejo del Gran Londres-, crear una figura política de gran peso en la vida británica. Probablemente, tras el experimento londinense, otras ciudades británicas querrán también alcanzar ese alto grado de democracia local. Si se suma todo, y se le añade la prometida reforma de la Cámara de los Lores, la devolución que propugna Blair se habrá convertido en una revolución.
