El Tribunal de Cuentas registró irregularidades y gastos sin justificar en IU de 1990 a 1992
El Tribunal de Cuentas registró diferencias en los estados contables de Izquierda Unida (IU) y detectó insuficiencias en las cuentas de 1990, 1991 y 1992: gastos sin justificación e ingresos que no aparecen en la contabilidad. Así figura en el informe publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de abril, apenas unos días antes de que Julio Anguita pidiera que se fiscalizaran los fondos de los sindicatos. En las organizaciones territoriales de la coalición los estados contables parecían llevarse por el poco científico método de la cuenta de la vieja.
Paja en ojo ajeno, sin duda. Y denunciada. Pero Julio Anguita no vió ni la viga ni la paja en el propio ojo inquisitorial de Izquierda Unida (IU). Pocos días antes de que el coordinador general de IU y secretario general del PCE, tirara la piedra hacia las cuentas sindicales y propusiera la fiscalización del dinero público de los sindicatos por parte del Tribunal de Cuentas, el Boletín Oficial del Estado publicaba los informes sobre las cuentas de los partidos políticos correspondientes a 1990, 1991 y 1992.No son un ejemplo de contabilidad transparente las cuentas de los partidos. Todos recogen irregularidades e IU y el PCE no son excepción. Lo dice el Tribunal de Cuentas al hablar de IU: "la frecuente utilización de cuentas transitorias dan lugar a numerosos errores y duplicidades, restando transparencia, agilidad y fiabilidad a la operativa contable". No hay inventario de los bienes del inmovilizado, las operaciones con los bancos se llevan de cualquier manera y, sobre todo, dice el Tribunal de Cuentas, se han detectado "carencias e insuficiencias" en la justificación documental, "principalmente en el área de gastos".
Eran deficiencias ya detectadas en los informes anteriores y no subsanados por IU. Y no las únicas. También se detecta en los tres ejercicios que IU ha recibido dinero proveniente de las corporaciones locales, lo que no está previsto en la ley de financiación de los partidos políticos. Y las aportaciones privadas, que deben ir en cuentas específicas, han entrado sin control alguno.
A lo largo de los informes lo que se refleja es, más que una mala utilización de los fondos, una falta de documentación que justifique esa utilización. Hay pagos sin soporte documental y créditos a federaciones que, no están justificados y que sólo se sustentan en la información verbal de los dirigentes de IU. Anotaciones contables de créditos de un año se incluyen en créditos anteriores, y se cancelan deudas algunas de elevado importe, más de 30.000.000 de pesetas- sin base documental, con pagos efectuados por el PCE.
En algún caso, da la sensación de que los errores corresponden a la ineficacia de los profesionales de la contabilidad de IU, salvo que, como Anguita gusta de decir hablando, claro, de otras cosas, sea consecuencia de una "imaginativa ingeniería financiera". Pero lo cierto es que "faltan los justificantes de algunos movimientos contables", hay "una incorrecta justificación de los reintegros de gastos a justificar, contabilizados previamente como gastos definitivos" y algunos apuntes están en epígrafes que no les corresponden.
En las federaciones la situación es, en algún caso, caótica, dicho sea de la manera más suave. En Pamplona toda la contabilidad se lleva con "un libro diario de caja, en el que no aparecen saldos iniciales, ni están referenciados los apuntes registrados que, en algún caso, carecen incluso de un orden cronológico". Algo parecido ocurre en Santiago de Compostela. Y en Sevilla tampoco se encontró toda la documentación que se hubiera deseado. En Zaragoza, sin embargo, el Tribunal de Cuentas subraya que "se lleva una contabilidad detallada".
En el informe de 1990 se hace una grave anotación que se repite en informes posteriores. El informe dice que "de la información aportada por los distintos Ayuntamientos y Diputaciones que han atendido a la solicitud del Tribunal de Cuentas, se deduce que esta formación política, ha recibido aportaciones, al menos, por un importe de 91.903.342 pesetas. La contabilidad analizada no incluye cantidad alguna en este concepto".
Tampoco el Partido Comunista de España lleva demasiado bien las cuentas. Hay "numerosos errores", escasa documentación y criterios que "contravienen los principios generales de contabilidad". En las conclusiones se señala que el PCE no "incluye todas las operaciones de su organización", no aplica "los principios de devengo" y hay "carencia de la necesaria acreditación documental".
