El Gobierno maneja la implantación de tres nuevas tasas

La Comisión Delegada analizó ayer de nuevo las cifras de los Presupuestos del Estado para 1997 y planteó la creación de tres nuevas tasas, cuya aplicación produciría una recaudación adicional de más de 150.000 millones de pesetas. El ámbito de aplicación de estos y otros gravámenes se mantiene en la más absoluta reserva con el fin de tener libertad política para optar por unos u otros recargos. La discusión sobre otras fuentes de ingresos, teniendo en cuenta que el crecimiento de los ingresos tributarios directos e indirectos del 6% en términos nominales es neutral, es ahora la preocupación esencial.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos examinó ayer de nuevo el ajuste presupuestario para 1997. El equipo económico del Gobierno anaIizó las posibilidades de creación de varias tasas sobre servicios públicos, en línea con lo expuesto el miércoles por el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, en Santander. La Comisión consideró que al menos tres de las tasas analizadas, cuya capacidad recaudatoria puede ser superior a los 150.000 millones de pesetas, son de razonable aplicación y, sobre todo, tienen escasa repercusión en la inflación.Los representantes del Gobierno quieren mantener reserva absoluta sobre los servicios que serán gravados; sobre todo porque pretende mantener la capacidad de decisión sobre cuales pueden ser aprobadas en la definición final del presupuesto, sin que los debates previos sobre ellas obstaculicen la decisión. Los ejemplos más próximos son las tasas propuestas sobre las autovías o sobre el agua.

Las últimas revisiones de las grandes cifras del presupuesto parecen demostrar que no será posible cerrar el ajuste de 1,2 billones de pesetas mediante una reducción de gastos de unos 800.000 millones y un crecimiento de los ingresos de unos 400.000 millones. La razón principal es que resulta "poco probable" conseguir ese aumento especial de los ingresos públicos por encima del 6% de aumento nominal (3% real) de la recaudación ordinaria. La mayor parte de los ingresos que se obtengan por la privatización de empresas públicas no pueden ser admitidos para reducir el déficit, de forma que el Gobierno solamente puede recurrir a impuestos indirectos y tasas de nueva creación.

Esta "práctica imposibilidad", según reconocían ayer fuentes autorizadas, obligará a profundizar en el ajuste de los gastos si no se encuentran fórmulas adecuadas para convertir las ventas de empresas a reducción del déficit. La presión sobre los gastos puede convertirse en simplemente insostenible. Rodrigo Rato se ha decidido por repartir los 800.000 millones de ajuste entre cada uno de los ministerios, de forma que será cada departamento el que analice como obtiene el ahorro exigido. Por otra parte, en el Gobierno no se consideran "razonables" las propuestas de establecer un canon sobre el agua por el coste político que se supone derivará de tal decisión.

La elaboración del Presupuesto está pues menos avanzada de lo que parece, debido a la extrema dificultad que supone determinar un recorte de 800.000 millones sobre una estructura de gastos que ya ha sufrido dos recortes anteriores y, por lo tanto, casi ha agotado los márgenes de reducción.

Tras la congelación de salarios para funcionarios, altos cargos y empleados de empresas públicas anunciada ayer, que, no obstante, producirá ligeros aumentos del gasto debido a los, deslizamientos salariales, las opciones se reducen mucho. Está previsto recortar el capítulo 2 (gastos corrientes) en el 15%; existe alguna posibilidad, que analiza ahora la dirección de Política Financiera, de recortar lo que se espera un ligero crecimiento del coste del servicio de la deuda pública y conseguir que tenga un impacto cero para el gasto. "Pero, incluso con el recorte previsto en las empresas públicas, el margen de maniobra es bajísimo", indican fuentes de Economía.

El Consejo de Ministros de hoy dará otra vuelta de tuerca al análisis del Presupuesto. Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo tiene planeado definir una primera aproximación al presupuesto en el Consejo de Ministros del próximo 2 de agosto, para que los ministros reflexionen sobre su contenido durante sus vacaciones (que serán de unos quince días).

Reunión Gobierno-CiU

Ayer, se reunieron en la sede del Ministerio de Economía, el equipo de "pesos pesados" del departamento, formado por el vicepresidente y ministro Rodrigo Rato, el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, Joan Costa y el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, con una delegación de Convergencia i Unió (CiU), formada por Maciá Alavedra, Joaquín Molins, Francesc Homs y Josep Sánchez Llibre. Ésta es la primera reunión de carácter oficial que mantiene el Gobierno con uno de sus socios parlamentarios.

Al término del encuentro, Rato destacó el compromiso claro de ambas formaciones de reducir el déficit público al 3% del PIB como exige Maastricht. El ministro reiteró que sólo las pensiones y la sanidad, que crecerán en tomo al 6% en términos nominales, se salvarán del ajuste. Se resistió a detallar cuáles fueron las opciones debatidas con CiU para aumentar los ingresos y destacó decisiones como la anunciada ayer por la mañana a los funcionarios -la propuesta de congelación salarial- "demuestra la voluntad del Gobierno de cumplir con el presupuesto planteado". Según las fuentes consultadas, la delegación catalana insistió en la pertinencia de implantar tasas sobre las autovías y el agua como un sistema adecuado para obtener ingresos extraordinarios. Otra vía para aumentar la recaudación insinuada por Rato ayer es la de de deflactar la tarifa, es decir, descontar el aumento de la inflación de la base imponible, sólo del impuesto de la renta (IRPF) y no del resto de los tributos.