Absuelto el policía Rosino, acusado de detención ilegal y violación de derechos
La Audiencia Provincial de Bilbao ha absuelto de sendos delito de detención ilegal y de violación de derechos cívicos al ex jefe de la Brigada Regional de Información, Antonio Rosino, y a otros tres policías, por el arresto de Amparo Villar Sánchez. El motivo de la detención, efectuada en junio de 1985, fue la presunta relación de Villar con la organización terrorista ETA.La sala entiende que "no se está ante una detención arbitraria" ya que previamente al arresto se habían producido seguimientos, vigilancia de la sospechosa y una intervención telefónica. "Finalmente, cuando fue vista con persona que se estimó pudiera formar parte de un comando de ETA, es entonces, y sólo entonces cuando se decide la detención, que fue comunicada a la autoridad judicial", se indica.
La acusación mantenía también que los cuatro funcionarios policiales habían vulnerado los derechos cívicos de la detenida al haber realizado los interrogatorios en la comisaría sin la preceptiva asistencia de letrado. Joaquín Giménez, presidente de la Audiencia de Bilbao y ponente de la sentencia, admite en la resolución que "no es lícito y carece de todo apoyo normativo iniciar una serie de interrogatorios con el detenido de hecho para, posteriormente, a presencia del letrado escenificar una declaración" ya ensayada. El ponente recuerda también que no pude haber diferencia entre declaración e interrogatorio. La sala considera comprobada la certeza de tales interrogatorios efectuados a la detenida sin presencia de letrado y que tampoco fueron documentados".
La sala concluye que esos interrogatorios previos "carecen de todo soporte legal y son radicalmente nulos". Sin embargo, por la forma en que se produjeren, previa instrucción de derechos, sin reclamación por la persona detenida de la presencia de letrado y sin que conste violencia o intimidación para doblegar la voluntad de la detenida", la Audiencia estima que en tales circunstancias la constatada irregularidad no puede integrar el delito" de vulneración de los derechos cívicos, porque "faltan sus requisitos".
