El PP deja en manos de las grandes inmobiliarias los nuevos barrios

Del Río asegura que la Ley del Suelo autonómica autoriza a cambiar el sistema si los propietarios de los terrenos se muestran de acuerdo en ello. Añade que la gestión por compensación permitirá al Ayuntamiento obtener mayores beneficios, porque los dueños de los suelos deben cederle el 15% de la edificabilidad.A ese aprovechamiento habría que restarle el coste de los sistemas generales, (que corren a cargo de la administración local) como las carreteras y el metro. En el sistema de expropiación el Ayuntamiento se quedaba con el 0,005 neto de cada metro edificable.

Tanto los grupos políticos, por un lado, como los promotores, los cooperativas y la federación de vecinos, por otro, opinaron ayer sobre el cambio.

Promotores sorprendidos. Javier García Valcárcel, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, reconoce que este cambio "ha desconcertado a todo el mundo". "No decimos que este sistema sea peor, pero supone un cambio sustancial. La pregunta del millón es: ¿será más rápido? Desde luego, no si el Ayuntamiento no agiliza y hace más flexible la tramitación de las juntas de compensación; ahora tardan tres o cuatro años. En teoría, es más rápida la expropiación".

Cooperativas sin mercado. El presidente de la Asociación de Gestoras de Cooperativas de Vivienda, Orencio Osuna, considera preocupante la política errante del Ayuntamiento en relación a los nuevos barrios. "Es muy preocupante que se deje el futuro de la ciudad subordinado a la iniciativa privada. Si los nuevos barrios ya tenían problemas de ajuste con la demanda real, ahora tendrán aún más", señala. "Estamos hablando más de especulación que de vivienda. Si ya la relación entre porcentajes de vivienda protegida y libre en los nuevos barrios está fuera de la demanda real, a partir de ahora lo estará todavía más", añade. Orencio Osuna concluye que el sistema de compensación beneficia sobre todo a los grandes operadores y considera que la fórmula de gestión mediante un consorcio público sería más adecuada.

Vecinos alarmados. La portavoz de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, María Roces, considera que el cambio de sistema complicará la situación de los pequeños propietarios. "Sanchinarro, que es el nuevo barrio que hoy está más habitado, es ya propiedad de las grandes constructoras. El realojo será complicado. En el primer proyecto sólo se incluyeron 80 millones para realojamientos", explica. A Roces no le encajan las cuentas: "¿Con el 15% de cesión obligatoria van a poder hacer el metro, todas las infraestructuras y realojar a los vecinos?".

El PSOE "ya lo decía". El concejal socialista José María de la Riva no se extrañó al oír ayer el cambio de rumbo de los nuevos barrios. "Esto deja al descubierto lo que el grupo municipal socialista lleva diciendo cuatro años. Los nuevos barrios no son una operación de vivienda, sino una manera de organizar la especulación en esta ciudad", espeta De la Riva. "Pongo en cuestión la legalidad de ese cambio, puesto que las recalificaciones urgentes sólo se pueden producir con el fin de crear vivienda social por parte de las administraciones públicas", añade. "El PP actúa como los trileros, pero algunos ciudadanos vemos en qué bote va la bolita", ironiza.

IU no sale del dibujo. El portavoz del grupo municipal de IU, Paco Herrera, afirma que el PP no sabe qué hacer con la ciudad y lleva una trayectoria errática. "Si ya era muy dificultoso gestionar los nuevos barrios, con esto la operación ya va a estallar definitivamente: son inviables", asegura. "Los nuevos barrios no son más que un dibujo en un papel".