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El PSOE celebrará el Comité Federal de la sucesión tras la Cumbre Europea

Luis R. Aizpeolea

Felipe González pretende retrasar el debate sobre la sucesión de la candidatura socialista a la presidencia del Gobierno hasta después de la Cumbre Europea. El Comité Federal del PSOE que abordará esta cuestión se celebrará en diciembre, después de la reunión de presidentes y jefes de Estadode la Unión Europea de Madrid de los días 15 y 16 de ese mes. González, que sigue manifestando en privado su intención de no repetir como cabeza de lista, aparece empeñado en no mezclar la recta final de su presidencia europea con un debate político interno de calado que marcará el comienzo de la precampaña de las elecciones generales.

Los compromisos de Felipe González son especialmente intensos en la recta final de la presidencia española de la UE, con celebraciones de alto rango como la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, los días 26 y 27 de este mes; la cumbre ítalo-española del día 29; la visita a Madrid del presidente estadounidense Bill Clinton, los días 2 y 3 diciembre, y la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebrará en Madrid los días 15 y 16 de diciembre.Será a partir de esta última fecha cuando la dirección del PSOE convoque el Comité Federal que debatirá la candidatura, independientemente ya de los pronunciamientos que pueda hacer el Tribunal Supremo sobre el caso GAL, cuyo imprevisible calendario ha desbaratado las expectativas socialistas. El retraso en la elección del candidato, si González no se presenta definitivamente, no preocupa al núcleo principal de la dirección del PSOE porque el elegido será un socialista suficientemente conocido y no necesitarán mucho tiempo para lanzarlo. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya lo anunció el viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Algunos socialistas añaden que, de ese modo, tanto el PP como IU, así como quienes manejan los hilos de la trama contra el Gobierno, tendrán menos tiempo para quemarlo.

No caben, por tanto, sorpresas en la intervención de Felipe González del próximo miércoles ante el Congreso. El presidente explicará la conversación que mantuvo en septiembre con Jesús Santaella, abogado del ex banquero Mario Conde y del ex número dos del Cesid Juan Perote. No habrá pronunciamientos de calado, en contra de lo que inicialmente previeron algunos dirigentes socialistas.

González ni siquiera ofrecerá datos nuevos sobre la trama que denuncia desde hace meses. Su intervención no irá más lejos de lo que fue la del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, hace ya un mes en el Congreso. Esto es, la expresión de su convicción de que existe una trama organizada contra el Gobierno que encabeza.

Será la suya una intervención breve, de política general, en la que aprovechará, especialmente la réplica, para sacarse la espina de la derrota parlamentaria sufrida el 26 de octubre con el rechazo de los Presupuestos. González pondrá de relieve que su Gobierno tiene razón de ser hasta finales de año no sólo para culminar la presidencia de la UE, sino también por la aprobación de las 26 leyes que el Ejecutivo tramita en estos momentos y que, van a contar con mayoría suficiente. Presentará lo sucedido el 26 de octubre como un hecho aislado en su importancia. Pero también insistirá en que no prolongará la legislatura y que las elecciones se celebrarán en marzo, como viene diciendo desde septiembre en que pactó el calendario con Jordi Pujol.

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Su discurso vendrá avalado por la aprobación en el Congreso, esa misma mañana, de siete leyes importantes: El nuevo Código Penal, la del Jurado, la creación de un fondo de bienes descomisados al narcotráfico, la ley de participación de centros docentes, la de modificación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la de Impuestos Especiales y la consagración de Cabañeros como parque nacional. Estas leyes cuentan con un respaldo variado en los grupos parlamentarios, no sólo de Convergència i Unió (CiU).

El Gobierno cuenta con que a la oposición del PP e Izquierda Unida (IU) no le interesa el debate en el terreno de la existencia de una trama contra el Gobierno y lo derivarán hacia la situación de minoría en que se encuentra el Ejecutivo tras el rechazo parlamentario de los Presupuestos de 1996 o los últimos pormenores del caso GAL, con la petición del suplicatorio para actuar en los tribunales contra el ex ministro José Barrionuevo.

El estatuto aragonés

La Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido oponerse a la reforma del Estatuto de Aragón y ha exigido a sus dirigentes regionales que acaten la decisión. La reforma se votará en el Congreso en diciembre. Promovida por el Partido Aragonés (Par) y secundada por el PP, e incluso por el PSOE aragonés, la reforma se salta la Constitución y los pactos autonómicos de 1992, que reafirmaron el statu quo autonómico.La iniciativa pretende pasar el estatuto aragonés del grupo de las comunidades que se rigen por el artículo 143 de la Constitución al de las del 151 e introducir, entre sus atribuciones, un concierto económico como el de Navarra y el País Vasco. La dirección del PSOE alega que los populares se saltan los pactos de 1992 y aprueban la reforma porque, de lo contrario, su gobierno con el Par entraría en crisis. A su vez, un sector del PSOE de Aragón teme el costo electoral de oponerse a conseguir mayores cotas autonómicas.

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