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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

ETA no quiere

NADIE SABE cómo podrá acabarse con ETA. Una negociación como la que sirvió para propiciar la autodisolución del sector polimili, en 1982 sería una posibilidad. Pero para ello sería preciso que ETA estuviera dispuesta a renunciar a la violencia: a desaparecer o transformarse en una formación respetuosa de las reglas democráticas. El problema es que no parece tener la intención de dejar de matar en muchos años. Es la primera conclusión que se desprende del comunicado difundido ayer y en el que, además de reivindicar sus últimas fechorías, ofrece una propuesta que presenta como actualización de la alternativa KAS.El proceso consiste básicamente en una primera negociación entre ETA y el Estado español, en la que éste "deberá reconocer el derecho de autodeterminación y la unidad territorial de Euskal Herria". En otras palabras, modificar la Constitución en el sentido que exigen los terroristas y propiciar la integración de Navarra en Euskadi, al parecer, sin que los navarros tengan derecho a autodeterminarse. Una vez resuelto ese asunto, es decir, tras la rendición en toda regla del Estado democrático, ETA ofrecería un alto el fuego de duración no determinada, durante el cual se produciría la segunda negociación, con participación de toda la sociedad vasca, sobre el futuro de Euskadi. Si como resultado del mismo "surgen nuevas condiciones y medios democráticos", ETA estaría dispuesta a "adecuar su iniciativa a la nueva situación", sin abandonar por ello la lucha por "la independencia y la justicia social".

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El acuerdo de Ajuria Enea comienza reafirmando la "falta de legitimidad" de ETA para representar al pueblo vasco y negociar en su nombre "problemas políticos". Los firmantes se comprometen, no obstante, a apoyar procesos de diálogo "si se producen las condiciones adecuadas", es decir, si ETA acredita con "actitudes inequívocas una clara voluntad deponer fin a la violencia".

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A tres meses del asesinato de Ordóñez y una semana después del intento de hacer lo mismo con Aznar, es evidente que ETA ha dado muestras de cualquier cosa excepto de voluntad inequívoca de poner fin a la violencia. Incluso cabe pensar que su propuesta es una forma de asegurarse de que tal cosa no ocurrirá, al menos en la presente generación. Cualquier redactor de comunicados sabe que ningún Estado democrático podría aceptar, sin deslegitimarse ante sus propios ciudadanos y la comunidad internacional, entrar en una negociación como la que propone ETA: destinada a variar las reglas del juego democrático en el sentido de imponer a la mayoría las pretensiones de la minoría violenta. El definir su propio programa como "exigencia democrática insoslayable" no varía su naturaleza de discutible punto de vista de una minoría, sin que el hecho de defenderlo a tiros le otorgue un valor adicional.

Ese carácter ireal del planteamiento indica que el objetivo no es negociar, sino utilizar esa bandera para incidir en la crisis que actualmente afecta al Pacto de Ajuria Enea; aprovechar el desconcierto, existente para provocar la división del frente democrático en torno, precisamente, a los planteamientos esgrimidos por ETA como justificación de su recurso a métodos violentos. Pero si los terroristas se permiten ahora semejante desafío es porque algunas iniciativas recientes han resquebrajado la cohesión del pacto.

La identificación de solución dialogada con concesiones políticas a los violentos ha desencadenado una dinámica perversa. La consideración de la autodeterminación como elemento clave de la pacificación ha creado una barrera ideológica entre partidos nacionalistas y no nacionalistas, a la vez que ha difuminado la que separa a los demócratas de los violentos. Ello no sólo va contra lo esencial del pacto -la renuncia a sacar ventajas políticas de los efectos de la violencia-, sino contra el liderazgo del lehendakari Ardanza al frente del mismo. Criticar. tal iniciativa no es criminalizar el nacionalismo ni anular su derecho a reivindicarla, sino intentar detener esa dinámica de radicalización un tanto artificial de la que, como confirma el comunicado publicado ayer en Egin, sólo se benefician los partidarios de seguir matando durante otros 25 años, y no es con amenazas de romper la baraja como se borrará el error político cometido.

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