Cosculluela quiere que los jueces dejen de instruir procesos y lo hagan los fiscales
El presidente de la comisíon de Justicia e Interior del Congreso, el socialista Javier Sáenz Cosculluela, pretende que su grupo apoye una proposición no de ley en la que se pida al gobierno una radical reforma procesal. La reforma consistiría en atribuir la instrucción de los procedimientos penales con carácter exclusivo al Ministerio Fiscal, de forma que los jueces, titulares en la actualidad de esta función, queden apartados de la misma y se les reserve exclusivamente la función de valorar las pruebas y juzgar.
El ex ministro de Obras Públicas y diputado socialista, que. ahora preside la comisión de Justicia e Intenor promovió esta iniciativa en mayo del año pasado, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta positiva dentro de su propio grupo parlamentario. La semana pasada volvió a insistir formalmente para que los socialistas en el Congreso abanderen esta proposiciónLa reforma representaría una alteración sustancial del procedimiento actual. Ahora es el juez, instructor el que ordena la práctica de las pruebas, recaba testimonios, decide a quienes se imputan delitos y, en suma, dirige la investigación, para finalmente calificar los hechos y ordenar la apertura de juicio oral. El traspaso de la instrucción a los fiscales significaría que el papel de los jueces se reduce a calificar y valorar los hechos y las pruebas. Sáenz Cosculluela piensa que dentro del Grupo Socialista existen "inercias y resistencias" para proponer medidas de gran calado que supondrían, sin duda, una auténtica revolución jurídico procesal. En su opinión, y frente a quienes piensan que en tiempos de gran tensión política es preferible mantenerse en calma, parece necesario "tomar la iniciativa, ejercer la autoridad` y proponer reformas sustanciales.
Para el presidente de la comisión de Justicia e Interior, un gran sector de Izquierda Unida, además de CiU y PNV, cerían la propuesta con simpatía y estarían dispuestos a apoyarla.
Federico Trillo, portavoz y responsable de asuntos jurídicos del Grupo Popular, opina que la reforma, en todo caso, habría que llevarla a cabo dentro de una renovación total de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Respecto a la atribución a los fiscales de la instrucción de los procedimentos, Trillo se mostró cauto y dijo que sería necesario reflexionar.
La proposición de ley que Cosculluela pretende que su grupo apadrine tiene tres puntos en los que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes, en seis meses, un, proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que desarrolle y aplique determinadas bases.
Según la primera, correspondería a los fiscales la persecución del delito, su investigación y la instrucción del procedimiento penal. La segunda base reserva a los jueces y magistrados la exclusiva función de juzgar, hacer ejecutar lo juzgado y adoptar o autorizar, las medidas cuatelares y de garantías. La tercera idea es reforzar la oralidad del proceso penal.
