Medio sucio

DE AQUÍ al año 2005 se invertirá medio billón de pesetas -procedentes de los fondos de cohesión de la Unión Europea- en diversos planes para la descontaminación de los suelos, la reducción y tratamiento de los desechos industriales y la depuración de las aguas residuales, según el compromiso adquirido por el Gobierno hace unos días. La cantidad es importante, pero no exagerada a la vista del déficit ambiental que acumula España en relación a los baremos europeos. Algunas fuentes consideran que una equiparación efectiva requeriría inversiones no inferiores a los dos billones de pesetas.Entre los criterios medioambientales a seguir en el futuro destaca el abandono de la incineración como método predominante de tratamiento de los residuos en favor de otros más económicos y menos contaminantes: la reducción de residuos en el origen del proceso productivo (un 40% de aquí al año 2000) y el reciclaje y la reutilización de los producidos. En España se ocasionan al año 270 millones de toneladas de residuos, de los que 3,5 millones son altamente peligrosos.

Pero también es necesario recuperar los suelos ya contaminados y avanzar en la depuración de las aguas residuales. En España hay 4.500 áreas industriales contaminadas, de las que más del 50% son limítrofes a núcleos urbanos; a la vez, la red de saneamiento y depuración de las aguas residuales sólo alcanza al 40% de la población. La inyección financiera aportada ahora pretende dar cumplimiento a la directiva europea de 1991 que obliga a todas las ciudades con más de 15.000 habitantes a depurar sus aguas fecales antes del año 2000, y a las que tienen entre 2.000 y 15.000 habitantes, antes del 2005.

Inversiones como las acordadas ahora son imprescindibles, pero el déficit también es cultural. Algunos hábitos de consumo y pautas de comportamiento social de los españoles son, en materia medioambiental, premodernos. Y de ahí que, junto a un esfuerzo de educación cívica, ya practicado con las nuevas generaciones en la escuela, sea precisa una aplicación severa por las autoridades de la represión del delito ecológico, de acuerdo con el criterio de que quien contamina, paga.