Señor gobernador
LA BATALLA de los gobernadores civiles, librada soterradamente a lo largo de los últimos años y de la que sólo algún que otro lance ha llegado a aflorar a la superficie, parece que ha estallado a la luz del día y con la fuerza de un enfrentamiento político de fondo. Apenas conocidos los primeros borradores de la futura Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), en la que se intenta por primera vez acoplar las funciones del gobernador civil al entramado político-administrativo del Estado autonómico, se han hecho patentes las posturas encontradas de las fuerzas políticas sobre la supervivencia de una figura asociada al nacimiento del Estado centralista en los inicios del siglo XIX.Lo más llamativo de la disputa no es que Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) muestren una vez más su rechazo frontal a esta figura. Su supresión es una vieja y conocida reivindicación de los nacionalistas. Lo sorprendente es que el Gobierno mantenga en su seno posiciones opuestas sobre la cuestión -el ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, por la supresión del papel político de los gobernadores civiles-, y el de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, por su mantenimiento-, y que el vicepresidente Serra recoja velas prudentemente afirmando que la reforma no está aún decidida y que, por tanto, es susceptible de modificaciones. Ello mostraría que el tema de los gobernadores no constituye una disputa más entre nacionalistas y no nacionalistas -sería, por tanto, un grave error plantearlo así-, sino que responde a las concepciones en liza sobre el modelo de Estado autonómico diseñado por la Constitución. Concepciones que pueden ser homogéneas entre nacionalistas, pero que no lo son en absoluto entre las fuerzas políticas de ámbito estatal.
Por lo que se conoce de las actuales intenciones del Gobierno -en todo caso, no definitivas como ha recordado Serra y sobre las que Jordi Pujol se ha negado a discutir entretanto no se articulen sobre un proyecto acabado-, el gobernador civil seguirá siendo el- representante político del poder central en la provincia, sólo que más coordinado Con el delegado del Gobierno en cada comunidad autónoma y flanqueado de un gestor administrativo que coordinará la labor de las delegaciones ministeriales en el territorio. El concepto de territorio se configura como crucial en el debate que, sin duda, se agudizará a partir de ahora en torno a los gobernadores civiles. Felipe González se pronunció ayer a favor de su mantenimiento, precisamente por considerarlos titulares de la "representación del Estado sobre el territorio". Pero no parece que la provincia, a la que la Constitución efectivamente consagra como unidad administrativa con entidad propia, sea el ámbito más, apropiado sobre el que proyectar la representación política del poder Central en un Estado autonómico.,
El territorio político por antonomasia en este tipo de Estado es la comunidad autónoma; de ahí que la Constitución de 1978 no mencione para nada la figura del gobernador civil y, en cambio, establezca de manera taxativa que "un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la comunidad"
El desarrollo del Estado autonómico no supone, pues, la eliminación de la presencia del poder central en las comunidades, como sostienen algunos neonacionalistas. Pero sí parece que esa presencia deba articularse a través del delegado del Gobierno sin la concurrencia, al menos a nivel político, de antiguallas como la del gobernador civil.
Cuando en otros campos se hacen resueltos esfuerzos por adaptar las instituciones al actual sistema de distribución territorial del poder -es el caso de la previsible reforma constitucional para Convertir el Senado en una auténtica Cámara autonómica- resulta por lo menos curioso el empeño de seguir manteniendo al gobernador civil como una especie de factótum de la Administración central en cada una de la 52 provincias que subsisten en la 17 comunidades autónomas del Estado.
