Sotos responsabiliza a Reyna de las operaciones a favor de UGT que provocaron la crisis de PSV
Los casi cinco meses que Carlos Sotos lleva en la cárcel de Carabanchel le han hecho cambiar radicalmente su declaración ante el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras. En junio dijo que él nunca había acusado a UGT y los abogados de los querellantes se quejaron de su "mala memoria". Ayer, esos mismos abogados destacaban él cambio que se ha producido en la memoria de Sotos, que recordó la "clara implicación" de UGT en todo el proceso. Sotos cargó las tintas contra el responsable de finanzas de UGT, Sebastián Reyna, y ofreció una nueva explicación del origen de la crisis de PSV-IGS: las elecciones sindicales de 1990 provocaron graves problemas financieros a UGT y él, con las instrucciones y la connivencia de la comisión ejecutiva de UGT, abordó operaciones que resultaron ruinosas para el proyecto. UGT y Reyna lo rechazan rotundamente.
Carlos Sotos, el ex gerente de PSV y ex presidente de IGS en prisión, afirmó ayer que UGT no sólo conocía los problemas de PSV-IGS sino que fue la principal causa de los mismos. Los abogados de los cooperativistas querellantes Francisco Méndez Goas y Juan Ramón Montero afirmaron ayer, tras la declaración de Sotos, que éste dejó claro que los máximos responsables de UGT estaban al tanto de todo, y que aportó suficiente documentación para probarlo. El abogado de Sotos, Miguel Bajo también subrayó el "total conocimiento, y responsabilidad" de UGT en la crisis de PSV, así como la ausencia de responsabilidad de su cliente en la crisis, de la aseguradora Unial.La declaración de Sotos, según fuentes jurídicas, contiene los siguientes puntos clave:
Dos etapas. Hay que distinguir dos etapas en la marcha del proyecto cooperativo y su relación con UGT: de 1988 a 1990 y a partir de 1990. En la primera, el secretario de finanzas de UGT era Paulino Barrabés, y el beneficio que el sindicato obtuvo de PSV se limita a las 80.000 pesetas por socio captado que recibía la central. Según Sotos, es difícil de creer que los máximos responsable de UGT y, en concreto, Nicolás Redondo, no conocieran el acuerdo. La segunda, y más grave, comienza tras las elecciones sindicales de 1990 y la sustitución de Barrabés por Reyna como secretario de finanzas de UGT. Para esas elecciones sindicales, siempre según Sotos, Antón Saracíbar, Miguel Ángel Ordóñez y Reyna quieren potenciar la imagen de UGT. Para ello, IGS realiza una campaña publicitaria de sus servicios como promotora que incluye el anagrama de UGT. Pero esa campaña, según el inculpado del caso PSV, fue sólo el inicio de los apoyos reales a UGT.
Crisis financiera de UGT. Las elecciones sindicales provocaron graves problemas financieros a UGT. En 1991, la calificación bancaria de UGT era mala y ello se trasladaba a las posibilidades de pedir financiación para el proyecto cooperativo. Además, UGT se enfrenta al impago de una hipoteca de Banesto sobre su sede social en Madrid, el convento de la calle Hortaleza, por 1.000 millones. Banesto, según Sotos, amenazó con ejecutar la hipoteca y embargar el edificio.
El convento y Pelayo. La solución fue la compra por parte de IGS con un crédito a largo plazo del convento de las arrecogías por 1.600 millones, la adquisición de las cuatro empresas de servicios de UGT -entre ellas Unial- y la venta del patrimonio de IES (Iniciativa de Economía Social) a UGT por 250 millones. Tal patrimonio era un edificio en la calle Pelayo por el que el sindicato logró un crédito hipotecario de 900 millones.
Los problemas de Unial. La crisis de la aseguradora Unial. se ha convertido en algo más que la espoleta que hizo aflorar la crisis de UGT. Poco antes del verano, sus ex gestores, Antonio González Tascón y José Ignacio López Rodríguez (este yerno de Nicolás Redondo), declararon ante Moreiras que era Sotos quien ordenaba las operaciones que llevaron la aseguradora a la quiebra. Ayer, Sotos subrayó que no tomó ninguna decisión financiera porque no pertenecía a la estructura organizativa de Unial ni tenía firma autorizada. Según su abogado, Miguel Bajo, el yerno de Redondo "engañó miserablemente a su cliente". Sotos afirmó que IGS gastó en intentar salvar a Unial más de 4.000 millones y que tal aportación no se hizo por decisión propia.
Carlos Sotos llegó ayer a la Audiencia Nacional poco antes de las diez de la mañana, esposado y en furgón policial. Inició su declaración a las 10. 15 y concluyó a las 14.20. Sólo contestó a las preguntas de Moreiras por lo que los días 1 y 2 de diciembre deberá volver a declarar para responder a las preguntas de los abogados de todas las partes. Según éstos, el ex gerente de PSV "ha perdido 20 kilos en estos meses". Fuera, unos 60 airados cooperativistas profirieron, durante toda la mañana, gritos e insultos contra Redondo y Felipe González, así como frases de apoyo a Moreiras.
