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El Gobierno desautoriza al ministro Saavedra

Rubalcaba dice que "ni siquiera se ha comenzado a estudiar" la supresión de los gobernadores

Anabel Díez

ANABEL DÍEZ, El Gobierno no puso ayer paños calientes a la hora de desautorizar a uno de sus miembros el ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, quien el día anterior había anunciado en el Congreso el cambio de denominación de los gobernadores civiles, su pérdida de poder político y su sustitución por funcionarios. "El Gobierno no ha iniciado el estudio de esta materia, y esa decisión ni siquiera se ha comenzado a estudiar", dijo contundente el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la reunión del Consejo de Ministros. El propio presidente del Gobierno, Felipe González, reiteró horas más tarde en Vitoria, en plena campaña electoral, que en la polémica de los gobernadores aún no hay una posición oficial porque el tema no se ha discutido.

González, no obstante, reconoció que habrá una mayor representación política por parte de los delegados del Gobierno, que la Administración central mantendrá algún tipo de representación a cada provincia y que es necesaria la reducción de la Administración periférica del Estado."El Gobierno no ha iniciado el estudio de este asunto, ni siquiera en la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos; esta decisión ni siquiera se ha comenzado a estudiar", dijo Rubalcaba de corrido y sin titubear al ser preguntado al respecto en la conferencia de prensa después de la reunión del Gabinete. Preguntado por segunda vez, el ministro repitió las mismas palabras.

La desautorización del Gobierno a Saavedra, sin precedentes en el actual Gabinete, se quedó por parte de Rubalcaba justamente en esos términos, sin más pronunciamientos. Pero no así otros miembros del Consejo de Ministros y personas del entorno de González. Fuentes gubernamentales criticaron "el desliz" de Saavedra por la "inconveniencia política" de abrir el debate de la desaparición de los gobernadores civiles en un momento en que puede ser utilizado por el PP como elemento de ataque al PSOE. Estas fuentes temen que los populares acusen a los socialistas de hacer una nueva concesión a CiU y PNV en vísperas del debate parlamentario de los Presupuestos del Estado para 1995.

La prudencia de Rubalcaba dista del enojo patente en medios gubernamentales por la "impericia" de Saavedra, quien al principio de su mandato también tuvo algún problema por mostrarse demasiado proclive a dar la razón a los presidentes autonómicos. Saavedra fue el miembro del Gobierno con mayor, sensibilidad autonómica, tal vez por haber estado durante mucho tiempo al otro lado del mostrador como presidente de Canarias.

La supresión o no de la figura de los gobernadores civiles sigue dividiendo al Ejecutivo. La razón de última hora para desaconsejar este debate tiene que ver con la inminencia del debate en el Congreso de los Presupuestos del Estado para 1995, pactados en su totalidad con CiU. El Gabinete considera que es casi de cajón que quien busca atacarle puede reprocharle que atienda precisamente ahora una petición de los nacionalistas que se remonta al principio de la transición democrática.

Saavedra calla

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El ministro Saavedra dio el jueves en el Parlamento, ante la comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, una explicación de corte racional del porqué merecía la pena sustituir a los gobernadores por funcionarios, con la consiguiente pérdida de poder político en beneficio de los delegados del Gobierno. Ayer, ni el ministro ni portavoces de su departamento quisieron hacer declaraciones a este periódico tras la desautorización de Rubalcaba.

Sí lo hicieron los nacionalistas vascos. En declaraciones a Servimedia, Iñaki Anasagasti, portavoz parlamentario del PNV, advirtió a los socialistas que su partido consideraría "grave" una marcha atrás en la supresión de los gobernadores anunciada por Saavedra en el Congreso. "Nosotros tenemos en el Diario de Sesiones del Congreso lo que dijo ayer [el jueves] el ministro Saavedra, y él es el ministro para las Administraciones Públicas. Y, una de dos: se ratifica en sus palabras o es una desautorización por todo lo alto, que sería muy grave".

Preguntado para quién sería muy grave, Anasagasti respondió: "Para él y para la política del Gobierno en su conjunto, y su credibilidad. No se puede jugar. Nuestro apoyo es muy coyuntural, y un Gobierno tiene credibilidad en tanto en cuanto cumple sus promesas y su palabra". En posteriores declaraciones a Europa Press Anasagasti precisaría que a Saavedra sólo le quedan dos caminos: "O que corroboren lo que ha dicho o dimitir".

Medios gubernamentales aseguran que tampoco tiene razón de ser la previsión hecha en Administraciones Públicas de que la decisión sobre los gobernadores se tomará antes del 31 de diciembre. En el Gobierno se teme que parte del daño ya está hecho y que de poco valdrá argumentar que doctrinalmente el PP no tiene mucho que decir, por cuanto Saavedra hizo estas afirmaciones en el Congreso en presencia del vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, responsable de la política autonómica.

Ayer mismo, José María Aznar tachó de "frívola" la forma en que Saavedra ha abordado la reforma de los gobiernos civiles, aunque admitió que necesitan "importantes transformaciones". Aznar dijo en Bilbao que la cuestión no puede abordarse "de la manera frívola" en que lo ha hecho el ministro. Para el líder del PP, el debate necesario no debe centrarse en la importancia de los gobiernos civiles, "sino en las importantes transformaciones" que necesitan como parte de una política de simplificación y aumento de la eficacia con el objetivo de la Administración Unica.

Al margen del PP, el debate sobre la supresión de los gobernadores no termina de estar zanjado en el PSOE y en los diferentes Gobiernos de González. Una y otra vez el Grupo Socialista ha ido rechazando las proposiciones no de ley de la oposición nacionalista en pro de la eliminación de esta figura que los gobiernos regionales viven como un elemento más de -control de la larga mano del Estado sobre las autonomías.

Ningún ministro del Interior quiso oír hablar de este asunto y tampoco parece que el actual titular, Juan Alberto Belloch, esté por la labor, ya que ha comenzado a sustituir por personas de su confianza a algunos gobernadores civiles. Ayer mismo, el superministro dijo en Las Palmas de Gran Canaria que "la línea global" del Ejecutivo es potenciar la figura de los delegados del Gobierno y gobernadores. Nadie en el Gobierno duda de que, al final, aunque no se sabe cuándo, serán los delegados del Gobierno quienes ostenten todas las funciones gubernamentales en las autonomías.

De acuerdo con la idea de Saavedra, los funcionarios que sustituirían a los gobernadores dependerían de los delegados del Gobierno, y muy probablemente su nombre sería el de subdelegado. Saavedra explicó así la filosofía del asunto: "Nos encontramos en la actualidad con una organización en la que están conviviendo valores tradicionales, propios de la legislación preconstitucional aún en vigor, con otros más acordes con el modelo de Estado, social y democrático de derecho, que establece nuestra Constitución".

Situación grotesca

La situación adquirió ayer tintes un tanto grotescos, ya que mientras Rubalcaba aseguraba que el Gobierno no había estudiado el asunto, no dejaban de llegar parabienes por el anuncio de Saavedra. Miquel Roca, portavoz de CiU, señalaba: "Hace tiempo que mantengo que los gobernadores caerán como fruta madura". De la declaración de Roca cabe destacar, no obstante, sus cautelas: "El ministro Saavedra tiene cierta facilidad en anunciar cosas que luego no se acaban de concretar", dijo horas antes de la desautorización de Rubalcaba.

También ajeno a estas controversias, el secretario general de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, se apresuró a opinar que "la supresión de la figura del gobernador es coherente con la realidad autonómica". Y el propio Iñaki Anasagasti consideraba, antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que lo anunciado por Saavedra era una buena noticia.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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