La juez del 'caso Ibercorp' lleva al banquillo a Rubio, De la Concha, Soto y Tamayo por 8 delitos

La juez del caso Ibercorp, María Paz Redondo Gil, ha decidido abrir juicio oral contra Mariano Rubio, Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, entre otros, por ocho posibles delitos. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid considera que pudieron haber cometido estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, público u oficial. Los acusados deberán abonar 7.121 millones en concepto de responsabilidad civil.

Además de los citados, también tendrán que sentarse en el banquillo María Teresa Rubio -hermana del ex gobernador del Banco de España- así como contra, André Laurent Atthalin, marido de esta última y, Carlos Pittaluga, primo de Rubio.Algo más de dos años ha tardado la titular del Juzgado 21 de, Madrid en decidirse a abrir juicio oral por el escándalo Ibercorp -manipulación del listado de clientes de vendedores de acciones de Sistemas Financieros y posible trato de favor en beneficio de unos clientes y detrimento de otros contra los responsables del Grupo Ibercorp y contra el entonces gobernador del Banco de España.

En un auto fechado el día 24 de este mes, y comunicado a las partes de forma inmediata, la juez María Paz Redondo ha desoído las razones dadas por los abogados defensores y atendido, en lo sustancial, a lo solicitado por la acusación particular. La juez ha ido incluso más lejos de lo inicialmente pedido por el fiscal, ya que éste no veía indicios para. incluir. entre los acusados a Mariano Rubio.

El auto decreta la libertad provisional para todos los acusados y establece una responsabilidad civil de 7.121 millones de pesetas, que debe ser cubierta , por los acusados de forma solidaria, Esta cantidad debe ser entregada en el plazo de un día, a contar desde la fecha de la notificación. En caso de que no paguen, "se procederá al embargo de bienes de su propiedad en porción suficiente a cubrirla". En una cifra mucho menor -20 millones de pesetas- la juez estima que deben actuar como responsables civiles subsidiarios Sistemas Financieros e Ibercorp Bolsa SVB.

La juez estima que pueden haber existido los delitos de estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho, falsedad en documento mercantil, revelación de secretes, tráfico de influencias y falsedad en documento púbLico y oficial. A su juicio, "los hechos que han sido objeto de la presente causa y desprendiéndose de lo actuado suficientes elementos inculpatorios para atribuirlos a Manuel de la Concha, Jaime Soto, Benito Tamayo, José Manuel Quesada, Ignacio Ramón Velasco, Joaquín Amo, Rafael Vázquez Padura, María Teresa Rubio, André Laurent-Atthalin, Carlos Pittaluga y Mariano Rubio, que han sido acusados". Por ello considera "procedente la apertura de juicio oral".

De la Concha, Soto y Tamayo fueron los máximos responsables del Grupo Ibercorp, al que pertenecía Sistemas Financieros y sobre cuyas acciones se produjo la manipulación de precios, en 1990, en beneficio de unos clientes y detrimento de otros mediante prácticas de autocartera.

Rubio, entonces gobernador del Banco de España, aparecía inicialmente como uno de los clientes que vendió acciones de Sistemas, Financieros. Pero posteriormente ha sido acusado por la acusación particular -y asumido por la juez- de tráfico de influencias y de cohecho. Además se señala que su participación en los hechos ha sido posiblemente más activa en todo el escándalo que la de mero vendedor de acciones.

María Teresa Rubio, y su marido, André Laurent Atthalin, aparecen relacionados con la empresa Schaff Investment -creada en Luxemburgo y cuyos titulares finales se pierden en dos sociedades panameñas- que obtuvo elevados beneficios con la venta de acciones de Sistemas Financieros y que en distintos círculos se vincula con Mariano Rubio. Carlos Pittaluga, primo del ex gobernador, fue miembro del Grupo Ibercorp, administrador de la cuenta de Rubio no declarada a Hacienda y apoderado de Schaff y de otras sociedades que Hacienda considera pueden estar vinculadas también a Mariano Rubio.

Para Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de la acusación particular que ha facilitado el auto, la apertura del juicio oral es el inicio formal de la acción penal contra una serie de personas e "indica que, lógicamente, se van a sentar en el banquillo de los acusados". "El juicio será aproximadamente en el mes de noviembre", declaró el abogado, quien añadió: "Ya sólo queda calificar las defensas y hacer el auto de señalamiento de juicio oral".

En el auto la juez designa como órgano para realizar el juicio oral la Audiencia de Madrid. La juez ha decidido no abrir juicio oral, y sobreseer las actuaciones, contra Miguel Boyer, Isabel Preysler, Carmen Posadas y Juan Antonio García Díez por entender que no actuaron en la posible maquinación para alterar el precio de las acciones de Sistemas Financieros ni participaron en ninguno de los demás posibles delitos.