El juez levanta el secreto del sumario
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, José Emilio Coronado, levantó ayer el secreto del sumario que instruye contra Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, y Manuel de la Concha, ex síndico presidente de la Bolsa de Madrid. El sumario abierto lo es por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública por parte de Rubio, y de falsedad en documento público por parte de Manuel de la Concha. Aunque cada uno de los acusados lo está también como "cooperador necesario" en el del otro, parece que será difícilmente demostrable.Durante el mes que ha durado el secreto de las actuaciones judiciales parece que Coronado no ha tomado declaración a persona alguna, centrándose en estudiar los documentos aportados por la fiscalía en la querella que inició el procedimiento y que éstos han sido cotejados por Hacienda. En el sumario están las declaraciones de Mariano Rubio y Manuel de la Concha ante los fiscales especiales, así como las que realizaron ante el juez de guardia que, el día 5 del pasado mes, decretó su ingreso provisional en prisión. Posteriormente, y después de dos semanas, Mariano Rubio obtuvo la libertad bajo fianza de 15 millones de pesetas, mientras que el juez decid¡ó no modificar, por el momento, la situación de prisión de Manuel de la Concha.
En la querella se acusa a Mariano Rubio de un posible delito fiscal por algo más de seis millones de pesetas, aunque el ministro de Economía elevó, ante la comisión Rubio, hasta 13 millones la cuota defraudada en 1988 por el ex gobernador. Si fuera condenado, Rubio podría sufrir una pena de seis meses y un día a seis años. Para Manuel de la Concha parece que la situación es más grave, ya que el juez destacó en sus escasas declaraciones públicas "la contundencia de las pruebas acumuladas en su contra".
A Manuel de la Concha, como fedatario público que era, se le exigían "especiales deberes de fidelidad y corrección". El delito de falsedad en documento público está castigado con pena de prisión mayor de seis años y un día a 12 años, aunque podría ampliarse hasta más de 17 años si fuera un delito continuado.
