La fiscalía pide por primera vez al Constitucional que revise su doctrina
La fiscalía ha pedido por primera vez al Tribunal Constitucional que se aparte de la doctrina mantenida en anteriores sentencias sobre arrendamientos urbanos y conceda el amparo a dos inquilinos a los que un tribunal ordenó desalojar un edificio que iba a ser demolido, antes de que otro tribunal resolviese el recurso que habían presentado contra la demolición. La posibilidad de apartarse de la doctrina constitucional anterior está prevista legalmente, pero debe ser acordada por el Tribunal Constitucional en pleno.Los recurrentes son los inquilinos de sendos pisos del número 11 de la calle Ramón y Cajal de León. El propietario del inmueble solicitó licencia para su demolición y la obtuvo del Gobierno Civil.
Los inquilinos recurrieron en vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que hasta la fecha no ha dictado sentencia.
Paralelamente, el propietario del edificio consiguió que un juzgado civil resolviese los contratos de arrendamiento, y aunque los inquilinos alegaron que tenían pendiente un contencioso, la Audiencia confirmó el desalojo.
El teniente fiscal ante el Constitucional y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Antoni Gisbert, solicita del alto tribunal que reconozca que la posibilidad de contradicción entre dos resoluciones judiciales conculca el derecho a la tutela judicial efectiva.
