Dos directivos del BBV insisten en que el fallecido Pedro de Toledo decidió pagar 196 millones a Filesa

El juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, inició ayer una nueva ronda de declaraciones de los altos cargos, de bancos y empresas que pagaron cifras millonarias a Filesa por informes que no han aparecido y que presuntamente sirvieron para justificar unas cantidades destinadas a financiar irregularmente al PSOE. Los dos consejeros del BBV que declararon en primer lugar insistieron en la conocida versión de que el fallecido presidente del banco Pedro de Toledo, encargó personalmente a Filesa, cuatro informes por los que el banco pagó en total 196 millones.

Las comparecencias de los consejeros del BBV José María Sáenz de Azcúnaga y José Aureliano Recio no sirvieron para aclarar a dónde fueron a parar los cuatro informes reseñados en otras tantas facturas interven¡das en la sede de Filesa.Tanto Sáenz de Azcúnaga Como José Aureliano Recio declinaron hacer manifestaciones a la salida de las dependencias del Supremo donde fueron interrogados por espacio de más de dos horas y media cada uno, en presencia de sus respectivos abogados. Sáenz de Azcúnaga, vicepresidente en funciones del intervenido Banesto, protagonizó incluso una auténtica fuga por pasillos interiores del Tribunal Supremo y alcanzó la calle corriendo entre las obras de la planta baja para evitar ser fotografiado en las dependencias judiciales.

Los dos altos cargos del banco fueron preguntados por las cuatro facturas emitidas por Filesa entre marzo de 1989 y febrero de 1991 por importes de 42 millones las dos primeras y de 44,8 y 67,2 millones las dos últimas. Estas facturas se corresponden con dos entregas de otros tantos informes referentes a un estudio para la implantación de un sistema de leasing [alquiler con derecho a compra] para contenedores" y sobre otro estudio relativo al "sector industrial en la CE".

Personas que asistieron a la declaración informaron que los dos altos cargos del BBV mantuvieron idéntica versión que la que hace ahora un año presentó al juez el secretario general del BBV, José Luis Segimón Escobedo. Abogado y secretario general del BBV, Segimón aseguró entonces que en las dependencias del banco no se habían encontrado ni los informes interesados por el juzgado ni ningún otro antecedente sobre la materia, al tratarse, al parecer, de documentación directamente tratada con el anterior presidente Pedro de Toledo, fallecido el 12 de diciembre de 1990.

Acuerdos verbales

Para explicar que dos de los contratos, fechados el 20 de marzo y de 17 de noviembre de 1990, fueran, por tanto, posteriores a la muerte de Pedro de Toledo, los consejeros del BBV ratificaron la versión de que "debieron ser acuerdos verbales tomados personalmente por De Toledo", y las fechas de los contratos serían "un error" de Filesa. Antes de fallecer, De Toledo dejó instrucciones para pagar dos facturas pendientes de Filesa, según la versión mantenida ayer por los responsables del BBV.También compareció ayer el representante legal de Catalana de Gas, Felipe Cañellas Vilata, quien ratificó, en presencia de su abogado, sus declaraciones efectuadas hace un año. Cañellas ratificó que Catalana de Gas pagó 8,4 millones a Filesa por un informe. Para hoy han sido citados Juan Manuel Echevarria, secretario del Consejo de Administración del Banco Central Hispano, y Juan Bule Hombre, secretario general de ese banco.

En febrero continuarán las comparecencias de 41 directivos de bancos y empresas, 17 de los cuales deberán declarar por primera vez y el resto ratificarse, acompañados de sus abogados, en sus declaraciones de enero y febrero de 1993.