No a la muerte impune de Juantxu
AYER SE cumplió el cuarto aniversario de la muerte del fotógrafo y colaborador de EL PAÍS Juantxu Rodríguez, abatido por las balas de los soldados norteamericanos que invadieron Panamá en 1989, sin que EE UU haya modificado un ápice su rechazo frontal a cualquier investigación o al menos a dar una explicación racional de lo sucedido, y, por supuesto, a indemnizar adecuadamente a los padres de la víctima de un hecho que no fue, en modo alguno, una acción de guerra, sino fruto de un alarde de inconsciencia o de desprecio por la vida ajena.La actitud de las autoridades norteamericanas merece el calificativo de cínica, como lo es la legislación que exime al Ejército de EE UU de cualquier responsabilidad penal o civil por actos cometidos en acciones bélicas fuera de sus fronteras. Lo cual no quita para que estas mismas autoridades se salten esta norma cuando les conviene políticamente. Así sucedió tras el derribo de un avión iraní por un misil disparado desde un barco norteamericano durante la guerra del Golfo. En esa ocasión, el Gobierno de EE UU no rehuyó indemnizar -en el ámbito de un deber moral que trasciende a la propia ley- a los familiares de las numerosas víctimas habidas en lo que, sin duda, constituyó un trágico error de su Marina de Guerra.
Pero tampoco puede decirse que el Gobierno español haya actuado con la firmeza exigible en pro del esclarecimiento y la reparación debidos por la muerte de Juantxu Rodríguez. Al menos no en el grado que lo ha hecho, con éxito indudable ante los Gobiernos de Chile y El Salvador para que no quedaran impunes los asesinatos del funcionario español Carmelo Soria y del padre Ellacuría y sus compañeros jesuitas. Apenas una nota diplomática ante el Departamento de Estado es cuanto hizo Exteriores, hace ya más de un año. Protesta que ha sido olímpicamente ignorada.
Como no existe ley, ni nacional ni internacional, que ampare una injusticia tan manifiesta como la cometida por EE UU, es obligado acudir a cualquier instancia judicial que pueda hacer prevalecer el derecho sobre la arbitrariedad. Han sido agotados todos los caminos por hacer ver a la Administración norteamericana su deber -y no sólo moral- de acceder a las justas exigencias de una indemnización que alivie en la medida de lo posible la situación de la familia de Juantxu.
De ahí el deber que tiene el Gobierno español de poner el asunto en manos del Tribunal Internacional' de La Haya. Es posible que EE UU hiciera caso omiso -existen precedentes- de una resolución contraria a la obstinada posición que mantiene. Pero dicha resolución constituiría, al menos, una condena moral de comportamientos inadmisibles a la luz de los más elementales principios del derecho internacional. La muerte de nuestro compañero Juantxu Rodríguez merece que no se abandone ninguna vía que la deje impune.
