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viernes, 7 de mayo de 1993
ELECCIONES 6 DE JUNIOEL ESTADO DE LA NACIÓN

El precio de la salud gratuita

El 6 de junio se decide quién gestionará los enormes recursos que mueve la sanidad publica: la iniciativa privada o el EstadoEl precio de la salud gratuita

Celestino tiene 16 años y hace apenas 12 meses iba en silla de ruedas. Es hemofílico y sufre una patología relativamente frecuente en este colectivo: hemartrosis; lo que quiere decir que las articulaciones se le llenan de sangre. Los médicos de la ciudad sanitaria Vall d'Hebrón, en Barcelona, han conseguido que vuelva a andar y lleve una vida normal. No venta millones de pesetas anuales le cuesta a la Seguridad Social mantener así a Celestino. ¿Cuántos españoles podrían pagar esa cifra? ¿Querría alguna asegura dora hacerle una póliza a Celestino? Cuando los partidos políticos hablan estos días de modelos sanitarios, de quien están hablando es de Celestino. Y de Víctor Boada, un niño de 13 años con fibrosis quística, que está siendo sometido a un costosísimo tratamiento desde los cuatro años y que va al hospital casi tanto como a la escuela. "No querría ni pensar qué sería de nuestra vida si no tuviéramos Seguridad Social", dice su madre. La mayoría de los españoles tiene edad suficiente para recordar la incertidumbre que en sus padres provocaba la falta de seguro sanitario. "Que Dios nos conserve la salud", decían. "Que Dios nos conserve la Seguridad Social", dice hoy Paulino Egea, de 83 años, en la sala de espera del servicio de traumatología de un hospital público, en el que su mujer se recupera de una rotura de fémur.

Como Paulino, muchos españoles consideran que el seguro público es una conquista social cuyo valor no puede medirse en términos económicos. Pero, paradójicamente, el dinero es un grave problema para esa conquista social: el Gobierno tuvo que aprobar en 1992 un crédito extraordinario de medio billón de pesetas para compensar el déficit sanitario.

Privatización

No es ésa, sin embargo, la cuestión de fondo. Lo que se dirime en estas elecciones, en una soterrada pero brutal pugna de intereses, es también una cuestión económica, pero diferente: ¿quién va a gestionar el enorme volumen de recursos que la sanidad mueve? Por un lado, el PSOE e IU defienden la pervivencia del actual sistema nacional de salud, público y universal, como único modelo capaz de garantizar la solidaridad y la equidad en la asistencia. Por otro, el PP, CiU y los sectores económicos vinculados a las aseguradoras privadas se plantean romper este modelo y dejar al usuario libertad de elección entre la Seguridad Social y los seguros libres.

El PP se propone mantener el sistema de financiación pública del gasto sanitario y la cobertura universal, es decir, que los gastos de salud los pague el Estado, pero dejando libertad al usuario para elegir entre la Seguridad Social o un seguro privado. Como hacen ya ahora los dos millones de funcionarios atendidos por Muface. El plan de reorganización sanitaria del PP prevé la ampliación de estas condiciones primero a todos los funcionarios públicos, después a los trabajadores autónomos y, finalmente, a toda la población. La misma posición defiende en su programa CiU cuando propone que la cotización a la Seguridad Social deje de ser obligatoria.

Hasta ahora, sobre todo a raíz del llamado informe Abril (elaborado por la Comisión de Evaluación del Sistema Sanitario, encabezada por el ex vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell), se había hablado de introducir en los hospitales públicos fórmulas de gestión. empresarial. Sin embargo, lo que ahora propone el Partido Popular es privatizar una parte importante de la sanidad. De escindir el actual sistema sanitario público en dos bloques, uno de cobertura pública y otro de cobertura totalmente privada. Lo que quiere decir que las personas que eligieran el seguro privado dejarían de contribuir a la Seguridad Social y, por tanto, ésta tendría, menos recursos y a la larga se vería abocada a limitar drásticamente las prestaciones.

La Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública advierte que una ruptura de este tipo acabaría configurando un sistema sanitario privado, bien dotado, para las capas medias y altas, y un sistema público depauperado y sin medios para todos los demás. El sistema público tendría que asumir además la asistencia más costosa porque los seguros privados, cuya única lógica es el beneficio, seleccionan a los pacientes -excluyen, por ejemplo, a los enfermos crónicos- de modo que acabaría privatizándose la parte más rentable de la sanidad.

La expectación no puede ser mayor. Los seguros privados confían en que gane el PP. La caída en el número de afiliados revela que la sanidad privada atraviesa una crisis de supervivencia. "Si no es con libertad de opción, el aseguramiento privado no tiene futuro", opina Ignacio Orce, uno de los principales expertos de este sector.

Mientras tanto, las muchas disfunciones que todavía persisten en el sistema sanitario público son utilizadas sistemáticamente como ariete para derribarlo. Porque así como es cierto que la Seguridad Social resuelve casos como el de Celestino o Víctor, también es verdad que hay, por citar sólo un ejemplo, listas de espera en absoluto justificadas.

Un millón de actos médicos

Ésa es la grandeza y la miseria del sistema sanitario español, que atiende a 38 millones de usuarios, lo que significa, para dar idea de su tamaño, un millón de actos médicos diarios, 25.000 urgencias cada día, y todo por un coste relativamente bajo: algo más de 200 pesetas diarias por usuario.

Nadie pone en duda que este sistema llega al final de la tercera legislatura socialista con mucha mejor salud que en 1982 y que en estos 10 años el salto tecnológico ha sido tan espectacular que ha situado a España entre los índices de calidad y prestaciones más altos. Sólo así se explica que España se encuentre en lo alto de la ola de los trasplantes. "Hacer 4.300 trasplantes al año con excelentes resultados no es algo que pueda improvisarse. Sólo un sistema hospitalario que funciona puede sacar adelante semejante reto", dice Rafael Matesanz, responsable de la Organización Nacional de Trasplantes.

Nadie pone en duda que la medicina española tenga, en su conjunto, un alto nivel. El problema está en que no es homogénea y además falla estrepitosamente en algo que compromete todo lo demás: la organización. La gestión. Así lo puso de manifiesto el informe Abril, y todos los programas electorales ponen el énfasis en la necesidad de mejorar este importante aspecto.

Porque parece incongruente que un sistema que hace trasplantes, que es capaz de alcanzar la autosuficiencia en donaciones de sangre -1.170.000 unidades recogidas en 1991, frente a las 810.000 de 1985- o que cura el mismo porcentaje de leucemias que los más desarrollados no sea capaz al mismo tiempo de operar una catarata o unas varices en menos de ocho meses. 0 que la reforma de la asistencia primaria no alcance todavía más que al 57% del territorio del Insalud.

Los tiempos de espera son demasiado largos, y la burocracia, demasiado farragosa. En eso coinciden tanto los expertos como los usuarios. Y ésas son las principales causas del descontento, que no es tan abrumador como desde la sanidad privada se proclama. Los resultados de la encuesta comparativa encargada para el informe Abril a la Universidad de Harvard (EE UU) revelaron que el 71 % de los españoles considera bueno o muy bueno el sistema sanitario español, pero cree que es preciso introducir cambios en la organización. Exactamente lo mismo que dicen los expertos.

La universalización de la asistencia ha sido uno de los principales logros de la década socia-

lista, pero la incorporación de ocho millones de nuevos usuarios -principalmente los autónomos-, sin incrementar en la proporción necesaria los recursos, ha ¡agravado los problemas.Los defensores del sistema sanitario público, entre ellos Consuelo Ruiz Jarabo, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, argumentan que las esperas son inevitables en un sistema universal, que es el precio de la equidad. "Las esperas sólo se producen en patologías leves no urgentes", argumenta el ministro de Sanidad, José Antonio Griñán "Gran Bretaña acaba de aprobar una ley que reconoce el derecho del usuario a dirigirse a un médico privado y cobrárselo después al seguro ¡si lleva en Esta de espera dos años!", añade con vehemencia

Los tiempos de espera pueden ser inevitables, pero parece que en España este problema nunca se había abordado adecuada mente. La prueba es que cuando recientemente, las distintas autoridades sanitarias han querido reducirlas, lo han hecho. El propio Insalud se ufana del éxito al canzado en Madrid: en menos de un año han conseguido reducir un 64,4% el número de pacientes en lista ole espera. ¿Por qué no se hizo antes?

"Un año es mucho tiempo"

El presidente Felipe González utiliza un dato que disipa las críticas: "En 1992 estamos operando 11 veces más cataratas que en 1982. Entonces no había listas de espera. Sencillamente, los enfermos se quedaban ciegos. Ahora se les opera, luego algo hemos avanzado, y procuraremos que no tengan que esperar", dice.

Pero el progreso se asimila rápidamente. "Tengo 70 años y entre ver y no ver media una gran diferencia. Yo ya casi no veo nada y, a mi edad, un año es mucho tiempo", dice Manel G., uno de los enfermos en lista de espera del Hospital Clínico. Como mucho tiempo es para un paciente de 40 años tener que perder dos mañanas para llegar al especialista de primaria, que acabará enviándolo a las consultas externas de un hospital, con lo que ya serán cuatro los viajes que habrá hecho antes de entrar en materia.

La coordinación entre la asistencia primaria y los hospitales es otra de las asignaturas pendientes. El sida lo va a poner de manifiesto con dramática rotundidad. Hasta el 31 de marzo se habían contabilizado 18.343 enfermos de sida. Lo que hasta ahora ha emergido del sida es, en realidad, sólo la punta del iceberg que va a caer sobre el sistema sanitario español.

España es en estos momentos el país europeo que más nuevos casos registra cada año, y las proyecciones más moderadas indican que el número de personas infectadas por el virus se eleva ya a unos 150.000. El 80% de los portadores enferma y fallece antes de transcurridos 10 años desde el contagio.

Eso significa que el sistema sanitario recibirá en los próximos años una avalancha de nuevos enfermos de sida que no podrá ser atendida en los ya saturados hospitales públicos. El desafío del sida incluye también cortar la expansión del virus. Lo que significa replantear seriamente la política sobre drogas, puesto que el 64,3%, de los enfermos de sida son drogadictos.

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