Solchaga propone el uso de auditorías externas para controlar mejor el gasto público

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, defendió ayer la utilización de auditorías externas y estudios previos de coste-beneficio para mejorar el control de cualquier gasto público. Criticó, en concreto, la "heterogeneidad de entes públicos, no siempre justificables", y reconoció que el fuerte crecimiento del sector público en los años ochenta "ha generado tensiones que pueden derivar en ineficiencias de gestión, a menos que se aborde la modernización de las administraciones públicas". Reconducir esta situación es, según Solchaga, imprescindible para cumplir el objetivo del programa de convergencia, que se compromete con un déficit público de sólo el 1% del producto interior bruto (PIB) para 1996.

El control del déficit público es, precisamente, uno de los propósitos que se ha marcado, de forma reiterada el Gobierno, tal y como reconoció ayer el ministro de Economía en la inauguración de unas jornadas sobre el sector público organizadas por Hacienda.El primer gran intento en este sentido fue eliminar el déficit para 1992, una idea que quedó ampliamente desfasada por los acontecimientos. El programa de convergencia, presentado en marzo del año pasado, preveía para 1992 un déficit global de todas las administraciones públicas del 4%; del 3,5% para este año y del 2,6% para 1994. La crisis económica, que tiende a elevar los gastos sociales y a reducir los ingresos por impuestos, dificultará el cumplimiento de estos objetivos.

En 1992, el déficit de caja del Estado (lo efectivamente ingresado y gastado) quedó, según Hacienda, en el 3,2% del PIB. Pero la necesidad de financiación, que es lo que utiliza Hacienda como medida del déficit, fue del 2,4%. A esto hay que sumar el déficit del resto de las administraciones públicas para conocer el balance del año, aún no cerrado.

Solchaga afirmó que la reducción del déficit los próximos años deberá lograrse sin los fuertes aumentos de la presión fiscal de la pasada década. Añadió que tampoco se podrá reducir la oferta de servicios públicos. La solución, a su juicio, exige "un control estricto de los recursos públicos".

Según el ministro, gracias a "la excesiva rigidez de los procedimientos de la Administración", muchos gestores han intentado "escapar hacia posiciones más independientes de control, mediante la creación de nuevos organismos autónomos y entes públicos". Carlos Solchaga criticó la creación de "buena parte" de estos organismos porque su existencia tan sólo se traduce en "opacidad de gestión sin mayores repercusiones en la calidad del servicio prestado".

Esta "heterogeneidad de entes públicos no siempre justificable" debería solucionarse en la futura ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, que no se aprobará en esta legislatura. Junto a la reducción de entes públicos, el titular de Economía propuso la reforma de los mecanismos de control para "compatibilizar el rigor presupuestario y la flexibilidad de los programas de gasto". Defendió dos escalas en ese nuevo control: auditorías tras la ejecución del gasto y estudios de coste beneficio antes de acometer el programa en cuestión.

El análisis previo de coste beneficio para controlar un gasto debería responder a preguntas como las siguientes: ¿Qué proyectos alternativos no pueden hacerse al decidir este gasto?; ¿cuáles son los costes totales -no sólo el de inversión sino también de mantenimiento- del proyecto?; ¿que beneficios indirectos provoca y sobre quiénes?; ¿colabora a la redistribución de la renta y a quiénes beneficia o perjudica?. Solchaga subrayó que este tipo de análisis sólo tiene sentido antes de acometer el gasto, y no con decisiones ya tomadas o con proyectos en marcha.

Con todo, estas propuestas del ministro deben desarrollarse en proyectos que dependerán del próximo Gobierno. Solchaga dijo que la preocupación de su departamento en estos temas se plasma en la elaboración de un libro blanco sobre el gasto -que empezó a anunciarse hace más de tres años- y en la preparación de dos anteproyectos de ley que, en todo caso, no estarán aprobados en esta legislatura. En concreto, se refirió a la Ley General Presupuestaria y a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado.