Jueces progresistas denuncian un veto político a Perfecto Andrés para el Supremo

Jueces para la Democracia acusa al sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más próximo al aparato del PSOE de impedir la semana pasada con su abstención, ordenada desde fuera del Consejo, la designación de Perfecto Andrés como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, a pesar de tratarse de un juez de "sólido prestigio", reclutado por el propio CGPJ para la formación de jueces penales.

El hecho de que el magistrado Andrés, presidente del tribunal que impugnó ante el Constitucional la ley Corcuera, no es "maleable ante el Ejecutivo", lleva a la asociación judicial progresista a calificar de "político" el veto a su candidatura.La dirección de Jueces para la Democracia considera que el resultado de dejar vacante la plaza encontrándose entre los candidatos seleccionados un magistrado como Perfecto Andrés "no puede ser entendida en términos estrictamente profesionales". La dirección de la asociación Judicial progresista recuerda que Andrés, de "amplia experiencia en la jurisdicción penal, no sólo ha acreditado como magistrado una sobrada cualificación técnica apreciable a través del rigor jurídico y talante innovador de sus resoluciones, sino que por medio de sus publicaciones e intervención en tareas de formación de magistrados, ha adquirido un sólido prestigio en el mundo jurídico".

Jueces para la Democracia agrega que el nombre de Perfecto Andrés "es sinónimo de una visión constitucionalista del derecho penal y procesal-penal, presidida en todo caso por la necesidad de tutelar de manera efectiva los derechos y libertades fundamentales", que le ha enfrentado con el ministro del Interior, José Luis Corcuera. El portavoz de la asociación, Cándido Conde-Pumpido Tourón, destaca que, en coherencia con esta actitud, Andrés "ha cuestionado ante el Constitucional decisiones limitativas de derechos fundamentales, como la ley Corcuera o como el fuero policial, que desencadenó una reforma legislativa".

La asociación judicial progresista estima que la decisión que priva al Supremo de un magistrado que enriquecería la sala de lo penal, "no parece fundada en criterios objetivos, debiendo ser interpretada en clave política". Asegura que "ha sido la acrisolada independencia de Perfecto Andrés Ibáñez ( ... ) lo que ha primado ( ... ) "y esta decisión política del CGPJ no puede dejar de ser lamentada y denunciada".

La dirección de Jueces para la Democracia explica que Andrés "es públicamente conocido como defensor acérrimo de la independencia del poder judicial, no maleable ante el Ejecutivo". De ahí que desde la asociación, como desde numerosos sectores jurídicos, se haya calificado de "sectarismo" la actitud de quienes se han opuesto a tal designación. Por su parte, Perfecto Andrés declaró a este diario que seguirá presentando su candidatura al Tribunal Supremo.