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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Collor, contra las cuerdas

EL PRESIDENTE brasileño, Fernando Collor de Mello, está contra las cuerdas. El clamor popular y político para forzar su dimisión es casi imposible de resistir, aunque asegure. que tiene preparada una línea de defensa que le salvará in extremis. El informe del ponente de la comisión parlamentaria que le ha sometido a investigación durante tres meses recomienda no ya que sea sometido a un juicio político en el Senado, sino también a otro por delitos comunes ante el Tribunal Supremo federal.Técnicamente, Collor aún no es culpable. Ningún juez le ha condenado. Tiene derecho a todas las presunciones que no han de negársele a quien no sea objeto de sentencia en. firme. Pero. los testimonios e indicios en su. contra son tan numerosos y coincidentes que casi exceden de la duda razonable. Todo apunta a que permitió que el financiero Paulo César Farías, ex tesorero de su campana electoral, crease un Gobierno paralelo en el que el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito se superpusieron al normal funcionamiento del Estado.

Peor aún, el propio Collor y su familia se convirtieron (presuntamente) en beneficiarios de fondos ilegales que finíanciaron un tren de vida dominado por el lujo, el derroche y la ostentación. Las maniobras con las que (supuestamente) se intentaron ocultar estas actividades parecen, por lo burdas e insosteníbles, propias de una república bananera. Si, como todo indica, el informe es aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión, la Cámara baja del Parlamento tendría que pronunciarse, por mayoría de dos tercios, sobre el juicio político al presidente en el Senado, lo que significaría su inmediata suspensión en el cargo por seis meses. Y si, este tribunal de notables le condenase, tendría que abandonar la presidencia. Más allá, podría esperarle incluso la cárcel.

Gane o pierda la batalla, ya hay un derrotado, aunque no por fuera de combate: el sistema democrático reimplantado el 17 de diciembre de 1989, cuando, por vez primera en 29 años, fue elegido un presidente por el voto directo de todos los ciudadanos. Los militares, que en seis ocasiones en lo que va de siglo arrebataron el poder a los civiles, deben estar frotándose las manos al ver que el poder democrático no ha sabido mostrarse más limpio y honesto que el castrense. Ni siquiera puede descartarse que sectores del Ejército puedan aprovechar la situación para intentar una nueva aventura golpista. Esta amenaza, sin embargo, aún no parece considerable, ante la falta de una alternativa de Gobierno clara y la evidencia de que las multitudes que en las últimas semanas se han echado

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a la calle pedían la dimisión de Collor, pero no que le sustituyera un espadón.

Collor cuenta, teóricamente (más bien contaba), con el apoyo de 209 de los 501 diputados, más de los 168 necesarios para evitar el juicio parlamentario, pero las señales de deserción se multiplican. Parece a punto de concretarse la del Partido Democrático Social del conservador Paulo Maluf. Si pierde los 40 diputados de ese partido, el presidente ya estaría al borde,del abismo de un juicio con todas las de la ley. Muy probablemente, no podrá evitar,pasar por ése trance.

En realidad, ni siquiera debería evitarlo: si logra rehuir el proceso parlamentario utilizando los mecanismos del poder, no por ello conservaría el mínimo de credibilidad necesario para gobernar un país de más de 150 millones de habitantes, que, con una inflación del 23% mensual y una recesión que dura ya más de dos años, se enfrenta a graves problemas económicos y sociales. Si se considera inocente y víctima de una conspiración (hipótesis que rechaza ese 70% de los brasileños'que considera que el presidente es culpable y ha traicionado su confianza), razón de más para, en lugar de intentar escurrir el bulto, hacer frente a las acusaciones ante tribunales competentes. Sólo así demostraría que no se burlaba de sus conciudadanos cuando centró su campana electoral en la lucha contra la corrupción.

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