Obras por tanteo
EL ESFUERZO realiza do por las administraciones públicas en la construcción de nuevas, carreteras y autovías durante los últimos años es más que evidente. Durante 1990 y'1991, la inversión en la construcción de carreteras en España ha sido superior a la media comunitaria en porcentaje del PIB. Los resultados de este esfuerzo se manifiestan en la ampliación de la red de autopistas y autovías de los 2.287 kilómetros de 1984 a los 5.800 kilómetros actuales, sin contar las numerosas actuaciones en la construcción de variantes en importantes poblaciones.Pero este fuerte ritmo de inversiones se ha truncado drásticamente ante la actual crisis fiscal del Estado y el consiguiente descontrol del déficit público. La interrupción de las inversiones se produce cuando aún quedan importantes proyectos pendientes (autovías de Valencia, Galicia y comisa cantábrica), lo cual ha vuelto a crear un justificado malestar y desánimo en las regiones cuyos problemas de comunicación condicionaron su marginación económica. A estas alturas faltan, todavía, un billón de pesetas para terminar las obras del primer plan de carreteras que debía finalizar en 1991. Restan 400.000 millones para las autovías de Galicia y otras dotaciones sin cuantificar para las numerosas demandas generadas desde la propia Administración. Sin incluir las urgentes necesidades en los accesos a grandes ciudades. El Gobierno se encuentra atrapado entre unos proyectos reiteradamente anunciados en campañas electorales y declaraciones oficiales y una palmaria escasez de recursos. Hay obras pendientes por casi dos billones de pesetas, cuando la inversión anual en carreteras no suele superar los 350.000 millones de pesetas. Ante este panorama, el Ministerio de Obras Públicas ha optado por la táctica del tanteo de la opinión pública. Un alto cargo lanza una idea, habla, por ejemplo, de peajes blandos en las autovías o- tasas a los ciudadanos de las poblaciones próximas a las grandes ciudades, y otro lo desmiente tras constatar la reacción negativa de la ciudadanía.
Esa técnica del sondeo puede ser un buen instrumento para estimular la conciencia de los ciudadanos ante el elevado coste de muchas obras, y hasta un instrumento para conocer las preferencias del usuario sobre el sistema de pago. Pero refleja también una alarmante falta de previsión presupuestaria y, sobre todo, la carencia de un plan integral en materia de política de infraestructuras. El plan de convergencia prevé destinar un 5% del PIB a inversiones públicas en los próximos años. Ello supone una cuantía superior a los tres billones de pesetas anuales. Con los datos disponibles, más parece una previsión voluntarista que otra cosa. Urge la elaboración de un amplio plan de infraestructuras por parte del Gobierno -que debería ser aprobado por el Congreso- en el que junto a las previsiones de gasto se incluyan los recursos disponibles, ya sean presupuestarios, peajes, tasas, impuestos sobre la circulación o carburantes. Tan inquietante es el lamento de la falta de recursos como el permanente tanteo de los ciudadanos como una nueva fórmula mágica cada día.
