El alcalde de Pinto se sienta en el banquillo

El alcalde de Pinto (21.700 habitantes), Carlos Penit, de IU, declaró ayer al tribunal que lo juzga por un presunto delito de prevaricación que no sabía nada sobre la concesión de licencias urbanísticas irregulares. También se sentaron ayer en el banquillo otros dos miembros del Ayuntamiento -uno de ellos, el primer teniente de alcalde, Juan Antonio González-, a los que el fiscal acusa de prevaricación, cohecho y falsificación de documento público. El juicio, que empezó ayer en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, proseguirá el próximo lunes.

Los hechos por los que están siendo juzgados el alcalde y otras dos personas -entre ellas González, también edil de Urbanismo- ocurrieron en 1983. El constructor Manuel Cobo Calleja solicitó al Ayuntamiento de Pinto unas licencias de obras y segregación para unas naves que ya estaban construyendo en un polígono situado entre Pinto y Fuenlabrada, denominado Cobo Calleja.Según se explicó en el juicio, estas solicitudes necesitaban un informe técnico favorable del arquitecto del Ayuntamiento. Aunque no era vinculante, sí se consideraba muy importante para que fueran aprobadas por la comisión municipal permanente a la que pertenecían los tres encausados.

Terreno rústico

El arquitecto municipal informó en contra porque las naves estaban siendo construidas sobre un terreno que, en su opinión, era rústico y no urbanizable. Pero estos informes no fueron incluidos en el expediente de solicitud de licencias, por lo que fueron aprobadas.

Posteriormente, el Ayuntamiento declaró la zona como rústica, aunque poco después la Comunidad de Madrid obligó a la corporación a que lo reclasificara como zona, industrial. Las disensiones entre los concejales del Ayuntamiento desembocaron en una moción de censura contra el alcalde, que no prosperó, por parte de miembros de su propio partido, que posteriormente fueron destituidos y que son algunos de los que presentaron en 1989 la querella que dio lugar a este juicio.

Según los denunciantes, el alcalde cobró 30 millones de pesetas por esta operación urbanística, aunque durante el juicio el abogado defensor, Gonzalo Martínez Mourullo, presentó testigos que afirmaron que las altas sumas que Penit percibía eran el sueldo de los concejales de su partido, que posteriormente él distribuía.

El alcalde señaló al tribunal que no comprobó si el expediente de solicitud de licencia era correcto, porque se fiaba de su equipo de gobierno y del jefe del negociado de cada área. En el mismo sentido declararon el concejal de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento, Salvador Rocha, que negaron tener conocimiento de la ausencia del informe técnico en el expediente de Cobo Calleja.

El fiscal solicita que se inhabilite durante seis años al alcalde por prevaricación, mientras que el acusador particular pide 15 años de inhabilitación por ese delito, dos años de prisión por el de cohecho y otros seis años por el de falsificación de documento público.