Aprobado en Madrid el protocolo que regula la protección del medio ambiente en la Antártida

Los 26 países con derecho a voto del Tratado Antártico aprobaron ayer en El Escorial (Madrid) el protocolo sobre protección del medio ambiente en el continente blanco, que será firmado hoy y entrará en vigor dentro de año y medio. Culmina así un proceso interrumpido precipitadamente en Madrid el pasado 22 de junio, cuando la delegación de Estados-Unidos se negó a pronunciarse sobre las condiciones de revisión del acuerdo. "Entonces ni nos oponíamos ni aceptábamos; ahora vamos a firmar", declaró ayer en El Escorial Tucker Scully, jefe de la delegación estadounidense.

En un ambiente de optimismo muy diferente de las complicadas reuniones del pasado mes de junio, los delegados de los 26 países consultivos del Tratado Antártico acordaron ayer los 27 artículos del protocolo, incluido el número 25 sobre los mecanismos de revisión, que había quedado pendiente. El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, firmará hoy en Madrid el protocolo. También lo harán los ministros de Medio Ambiente del Reino Unido, Francia y Bélgica. Hoy firmarán el documento unos 18 o 20 de los 26 países consultivos, entre ellos EE UU, y el resto podrá hacerlo en Washington antes del 3 de octubre de 1992.

"El protocolo regula por vez primera de forma global la protección del medio ambiente en un continente", declaró ayer Carlos Blasco, jefe de la delegación española y presidente de la sesión. "Hasta ahora todos los textos internacionales regulan la protección parcial del entorno, del aire o de las aguas, mientras que en este caso se regula de forma genérica la actividad humana", explicó.

"Cualquier actividad minera relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida", dice escuetamente el artículo 7 del protocolo,, uno de los más polémicos.

Revisión del acuerdo

Sin embargo, no fue éste el artículo de la discordia en junio, sino el número 25, que se refiere a qué pasará 50 años después de la entrada en vigor del acuerdo. A partir de ese plazo cualquier país puede plantear una revisión del protocolo, que deberá ser aprobada por tres cuartas partes de los 26 miembros consultivos y sólo en caso de que no entrase en vigor en el plazo de tres años podría un país salirse del protocolo. Este punto provocó la estampida de la delegación estadounidense el 22 de junio, lo que impidió entonces la aprobación del documento. A principios de julio, el presidente Bush anunció la adhesión de Estados Unidos.

"Nuestra posición el 22 de junio es que no teníamos posición, ni nos oponíamos ni aceptábamos los resultados que surgieron de la sesión", explicó ayer el jefe de la delegación estadounidense, Tucker Scully, comentando que se llevaron la propuesta a Washington para analizarla. "La estudiamos aceleradamente y determinamos que era aceptable para nosotros", afirmó. Los cambios que se produjeron en el borrador del tratado propuesto en abril de 1991 y el texto que salió de la sesión de junio y ahora aprobado, principalmente referentes a las condiciones de revisión, "fueron resultado de la discusión de 26 países", dijo Scully, declinando la responsabilidad de su país en los cambios. En el borrador anterior se exigía la unanimidad de los países consultivos para modificar el protocolo.

Turismo regulado

Para garantizar el cumplimiento del protocolo está previsto, según explicó ayer Blasco, que se hagan inspecciones en la Antártida colectivas o individuales. "Se ha descartado la creación de un cuerpo especial de vigilancia porque se ha considerado costoso", comentó. Está previsto también que asistan inspectores neutrales. Además de los 26 países con derecho a voto hay otros 14 no consultivos.

El protocolo es un documento de 81 páginas con 27 artículos, cuatro anejos y un apéndice, al que se podrán añadir otros si así se acuerda. Otro de los temas pendientes es el turismo, que será abordado próximamente en el marco del Tratado Antártico, según informó ayer Carlos Palomo Pedraza, geólogo del Instituto Español de Oceanografía y miembro de la delegación española. "La postura española es contraria a que se suprima el acceso de los turistas, pero apoyamos su regulación, control y supervisión", dijo.

Carlos Palomo afirmó también que los recortes presupuestarios no han afectado al programa español de investigación antártica, e informó que el buque científico Hespérides partirá entre el 15 y el 20 de este mes hacia la Antártida para su primera misión científica.