El fiscal de Valencia pide la inhabilitación de dos funcionarios por estafa
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Valencia, Enrique Beltrán, ha calificado como estafa el presunto delito cometido por los inculpados en el llamado caso Calpe y ha solicitado la apertura del juicio oral. Beltrán pide penas de más de seis años de inhabilitación para los dos funcionarios de la Consejería de Obras Públicas implicados en unas diligencias que comenzaron el pasado mes de diciembre, cuando dos empresarios alicantinos denunciaron a los dos funcionarios por haberles pedido dinero a cambio de recalificar unos terrenos.
A última hora de la mañana de ayer, Enrique Beltrán trasladó al magistrado Luis Manglano, titular del Juzgado de Instrucción número 2, encargado de las diligencias del denominado caso Calpe, el escrito de acusación. El plazo de cinco días de que disponía Beltrán para formular sus conclusiones acababa ayer y el fiscal trasladó su escrito puntualmente.A pesar de que tanto el fiscal jefe como el magistrado instructor no quisieron pronunciarse sobre el contenido de la acusación, fuentes cercanas al caso señalaron ayer que la conducta de los inculpados ha sido calificada de estafa. El escrito de acusación, según las mismas fuentes, lleva aparejada una petición de varios meses de arresto, e incluye para los funcionarios inculpados seis años de inhabilitación, por lo quelas diligencias terminarán en la Audiencia y no en un Juzgado de lo Penal.
Este delito, tipificado en el Código Penal dentro de los delitos contra la propiedad, es cometido por aquellas personas que con ánimo de lucro utilizan engaño "para producir error en otro
Las diligencias del caso Calpe, comenzaron tras la denuncia de dos empresarios alicantinos que afirmaron que dos funcionarios de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes -Inmaculada Sancho y Rubén Muñoz-, les habían pedido dinero para la recalificación de unos terrenos en la zona de Las Salinas, en Calpe.
Los dos funcionarios inculpados, junto al padre de Rubén Muñoz y el agente de la propiedad inmobiliaria Juan José Ortega, fueron acusados por ello por el fiscal.
Querella
La denuncia, impulsada por la ex directora general de Urbanismo, la socialista Blanca Blanquer, desembocó en una querella del fiscal jefe contra el ex consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, y cinco personas más, por otro asunto turbio que se descubrió en la misma investigación: la subasta de unos terrenos por un precio notablemente inferior al del mercado en la localidad valenciana de Paterna. Los inculpados en el llamado caso Calpe se negaron, durante la investigación judicial, a que sus voces fueran grabadas para ser contrastadas con las obtenidas de las escuchas telefónicas policiales. Los agentes obtuvieron grabaciones de todos los inculpados, excepto de Rubén Muñoz, que entonces se encontraba prestando su servicio militar.Los abogados defensores presentaron, posteriormente, varios recursos en donde solicitaban la destrucción de estas grabaciones telefónicas o, de forma alternativa, su invalidez jurídica. Asimismo se opusieron a la decisión del juez instructor de convertir las diligencias en un procedimiento abreviado, mucho más ágil procesalmente.
El magistrado titular del juzgado de Instrucción número dos de Valencia, Luis Manglano, resolvió negativamente estos recursos de reforma y trasladó las diligencias al fiscal para que elaborara su escrito de conclusiones.
