La credibilidad
EL DEFENSOR del Pueblo recibió a lo largo de 1989 un total de 21.023 quejas, de las que aproximadamente una tercera parte fueron admitidas a trámite. Ello supone un incremento de más del 50% respecto al año anterior, en el que a su vez se recibieron un 12% más que en 1987. Ello podría interpretarse en el sentido de que esa institución vuelve a recobrar credibilidad tras varios años en que la pérdida de la misma se tradujo en una drástica reducción del número de quejas planteadas, que pasó de más de 30.000 en 1983 a apenas 13.000 tres años después. Según el informe anual que acaba de ser presentado al Parlamento, durante 1989 se concluyó la tramitación de casi 5.000 expedientes, de los que la actuación de la Administración fue considerada correcta en 3.600 casos, mientras que fue subsanada la actuación considerada incorrecta en 1.800 casos. La Administración mantuvo su criterio frente al del Defensor en 126 casos.El Informe se compone de dos grandes apartados, el primero de los cuales se refiere a. posibles vulneraciones de los derechos fundamentales por parte de las distintas Administraciones, y el segundo, a las deficiencias en el funcionamiento ordinario de esas Administraciones. Respecto a lo primero, si bien el Informe concluye que no ha habido graves incumplimientos, constata la persistencia de casos puntuales, pero significativos, de malos tratos por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad. En opinión del Defensor del Pueblo, tal vez lo más preocupante de esos casos sea la ausencia de colaboración de los :responsables policiales para el esclarecimiento de los hechos denunciados y eventual sanción a los responsables. El Informe incluye ejemplos que prueban ese desinterés, cuando no desnudo obstruccionismo, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil como en algunas policías municipales. Denuncia el Defensor que en muchos casos las autoridades responsables evitan, con diferentes subterfugios, adoptar medidas de suspensión cautelar de los agentes denunciados, "dando la impresión ante los ciudadanos denunciantes de que no ha pasado nada". Tampoco está de acuerdo el Defensor con la práctica de paralizar los expedientes internos, y las medidas sancionadoras correspondientes, en tanto no exista resolución del procedimiento judicial, cuyo fallo puede retrasarse durante años.
Al igual que en el informe de 1988, las denuncias sobre la Administración de justicia son las más numerosas, y aun valorando positivamente el esfuerzo por mejorar la dotación personal y material de esta Administración -cuyos efectos sólo serán visibles a largo plazo-, se insiste en el riesgo de que los retrasos en las resoluciones judiciales supongan en la práctica la indefensión de los ciudadanos. La creciente preocupación ciudadana sobre las deficiencias observadas en los servicios públicos relacionados con los transportes y las comunicaciones, ampliamente recogida en el anterior informe, se reitera en éste; y si bien se reconoce el esfuerzo realizado por la Renfe con respecto a las recomendaciones planteadas hace un año por el Defensor, se critica la poca receptividad hallada en Correos y el insuficiente reflejo práctico de la atención en principio prestada por la dirección de la Compañía Telefónica.
Transcurridos ocho años de la vida de esta institución, parece acreditada su eficacia para dar respuesta a quejas de particulares; pero de la presentación de los informes anuales ante el Parlamento no se deducen, o no en suficiente medida, iniciativas tendentes a subsanar las deficiencias legales o administrativas que hacen posibles las vulneraciones que dan cuerpo a esas quejas particulares. De ahí la conveniencia de estudiar alguna fórmula de articulación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo con las comisiones parlamentarias especializadas o con su equivalente en la Administración autónoma y local. Porque no es normal que ninguna consecuencia práctica se siga de algunas de las denuncias contenidas cada año en el Informe.
