Interior retirará 500 policías del País Vasco antes del verano y cerrara cuarteles de la Guardia Civil

El Ministerio del Interior tiene en estudio medidas para reducir a corto plazo en 500 funcionarios la plantilla del Cuerpo Superior de Policía en la comunidad autónoma vasca, cifrada en unos 3.600 agentes. El traslado de efectivos se producirá antes del verano, según han informado fuentes sindicales, en paralelo al cierre de nuevos cuartelillos e instalaciones de pequeño tamaño de la Guardia Civil considerados poco operativos. La reducción de efectivos de la Policía Nacional se hará por la vía del ajuste de plantillas para eludir cualquier posible connotación de retirada policial del País Vasco.

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha insistido, en sus últimos contactos con el Gobierno vasco, en emplear este procedimiento, ajustado al concepto defendido desde su departamento de adecuación de las policías del Estado a medida que progresa el despliegue de la Ertzaintza (policía autonómica). Para la reducción del medio millar de plazas está previsto instrumentar la convocatoria de otras tantas en destinos fuera de la comunidad autónoma vasca. Este planteamiento trata de satisfacer también una vieja reivindicación de los sindicatos de la policía.

Los agentes destinados en el País Vasco reclaman preferencia en los concursos de traslados y a la hora de escoger nuevos destinos fuera de la Zona Especial Norte, la más golpea da por el terrorismo, que comprende la comunidad autónoma vasca y Navarra.

Los planes inmediatos de adecuación del Ministerio del Interior comprenden asimismo el cierre de una veintena de cuartelillos de la Guardia Civil con objeto de concentrar los efectivos de este cuerpo en instalaciones de mayor tamaño y más operativas.

Clausura confirmada

La próxima clausura de instala ciones menores ha sido confirmada por el gobernador civil de Alava, César Milano, aunque sin fijar ningún plazo.

El sector nacionalista del Gobierno vasco confía en que se produzca en todo caso antes de las elecciones autonómicas de otoño.

De hecho, Interior había adelantado al Ejecutivo autónomo la intención de proceder al cierre de media docena de cuartelillos antes de que finalizara el año pasado. La presidencia vasca optó por mantenerse en una prudente expectativa, sin anunciar la reducción de instalaciones para evitar situaciones como la del otoño pasado. A finales de septiembre, el consejero Juan Lasa anunció el cierre de 13 cuartelillos antes del 10 de octubre.

En la fecha citada pudo comprobarse que ninguno había interrumpido su actividad, aunque fueron cerrando sus puertas en las semanas siguientes.

Lasa adelantó también el traslado de las dotaciones de los cuartelillos fuera de la comunidad autónoma, previsión que tampoco se cumplió.

El Sindicato Unitario de la Guardia Civil (SUGC) ha denunciado como una operación meramente propagandística los cierres de cuartelillos. Según la organización clandestina, las instalaciones clausuradas siguen en uso c,)mo bases de operaciones, aunque ya no atienden al público.

Corcuera duda

El Parlamento vasco aprobó en octubre de 1987 una resolución en la que instaba al Gobierno central a que presentase un plan de repliegue de sus fuerzas policiales, y a la Consejería de Interior el correspondiente de despliegue.

El primero todavía no ha sido entregado, y el ministro de Interior, José Luis Corcuera, ya ha dicho que no va a existir como tal. Corcuera ha puesto en tela de juicio la legitimidad del Parlamento autónomo para decidir sobre el despliegue y repliegue policial.

La Junta de Seguridad, órgano que da luz verde a los despliegues -hasta ahora parciales ya que no se ha aprobado el total- se convierte, por mandato del acuerdo, en la llave que puede adelantar o retrasar la definitiva implantación de la Ertzaintza en la geografía de Euskadi.

Problemas políticos entre las dos Administraciones han llegado a producir demorar de hasta un año en las reuniones de este órgano.