Salvar Doñana
LA MANIFESTACIÓN de varios miles de ecologistas venidos de toda España en defensa del parque nacional de Doñana, amenazado por el proyecto de una gigantesca urbanización de lujo de 32.000 plazas hoteleras en las playas de la localidad próxima de Almonte, no puede considerarse de manera alguna como una injerencia extraña en los intereses locales. El parque de Doñana es patrimonio de todos, y su defensa constituye una de las batallas más legítimas contra los peligros de un desarrollismo desconocedor de los equilibrios naturales, indiferente al futuro de la tierra y sólo sensible a intereses medidos en claves de inmediata rentabilidad económica.El cerco de intereses a que está sometida la supervivencia del parque de Doñana es múltiple, desde la presión demográfica y económica de los habitantes de las zonas próximas hasta la de las inmobiliarias, pasando por el uso de pesticidas en los cultivos limítrofes y por la desidia y la dispersión administrativa de los diversos organismos públicos que tienen competencia sobre Doñana. Pero, con mucho, el peligro más serio que hoy se cierne sobre esta reserva natural es la construcción en sus aledaños de la polémica urbanización de Costa Doñana, que amenaza con rebajar el nivel de los acuíferos del parque nacional y generar en torno suyo una presión demográfica artificial e infinitamente más dañina que la natural existente en la propia zona.
Nadie puede discutir el derecho de las poblaciones de la zona a su desarrollo, pero no con proyectos totalmente ajenos a las características del entorno natural, cuya protección es responsabilidad del patronato que preside el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Y el proyecto de urbanización turística de Costa Doñana, por su envergadura y por el tipo de actividad que promueve (ocupación de 800 hectáreas de terreno por una población de varias decenas de miles de personas, necesitadas de ingentes cantidades de agua para su abastecimiento, incluido el de jardines y campo de golf, etcétera), tiene todas las trazas de ser opuesto a los intereses naturales. Los promotores de la urbanización alegan que el agua utilizada provendrá de acuíferos distintos de los del parque natural y que será tomada a una profundidad de 120 metros; pero, aparte de que ello contradice los informes oficiales, la experiencia de la cercana urbanización de Matalascañas demuestra irrefutablemente una relación directa entre el consumo de agua y el riesgo de desecación y salinización de los acuíferos del parque.
La respuesta y oposición de los sectores ecologistas es, hasta la fecha, la más argumentada. Hubo, todo hay que decirlo, alguna frase metafórica del responsable de Medio Ambiente de la Junta: "No queremos más Torremolinos en Andalucía"; pero lo cierto es que el promotor ha anunciado ya el inicio de las obras. Todo parece indicar que los poderes públicos socialistas deberían intervenir en estos casos polémicos con algo más que con la Guardia Civil y demostrar, con hechos y razones, que la defensa de la naturaleza y del medio ambiente es una opción política que les preocupa no sólo en períodos electorales.
