Las empresas públicas apoyan el control de los contratos porque "contribuye al fortalecimiento de las centrales"
Las empresas públicas apoyan el pacto, de los sindicatos con el Gobierno sobre el control de los contratos porque "contribuye al fortalecimiento de las centrales", según el secretario general y director de relaciones laborales del grupo INI, Miguel Cuenca, y el director de recursos humanos de Repsol, Jesús Fernández de la Vega. En un debate organizado por el Instituto Sindical de Estudios, el profesor Luis Enrique de la Villa afirmó asimismo que considera implanteable un recurso de inconstitucionalidad contra el citado pacto.
Miguel Cuenca asegura que todo lo que contribuya al fortalecimiento sindical y a la lucha contra el fraude será bien recibido en las empresas públicas dada su experiencia cuando se encuentra con sindicatos fuertes. Con ello, el sector público se desmarca de CEOE, pese a que sus empresas están afiliadas en la confederación patronal.El secretario general técnico del Ministerio de Trabajo, José Griñan, estima necesario que alguien explique por qué la patronal firmó en el Al de 1980 el fomento de la afiliación sindical y ahora ha cambiado de estrategia, presentándola como un elemento peyorativo. El profesor De la Villa despejó una duda al afirmar que el pacto no atenta contra la Constitución porque, además de otras menciones a los sindicatos, en el artículo 129 se reconoce "el compromiso de los poderes públicos de promover todas las formas de participación en la empresa".
En el debate organizado por el ISE, que dirige José María Zufiaur, participaron siete catedráticos de Derecho del Trabajo, la Administración, las empresas públicas, inspectores de trabajo y las centrales, y en él se puso de manifiesto que los expertos en derecho consideran muy importantes e innovadores los pactos firmados y creen que se deben desarrollar por una ley específica, mientras que los sindicalistas apoyan que debe ir vía decreto ley, por la urgencia de su puesta en marcha.
El desarrollo normativo no parece que vaya a resultar fácil a la hora de fijar el control de los contratos de los altos cargos. Marcos Peña, inspector de Trabajo, cree que sería perjudicial y se pregunta por qué se quiere proteger, por ejemplo, a los directores financieros.
Los dirigentes sindicales aceptan que es un tema no resuelto, pero no van a perder la oportunidad ya que el pacto dice que se ha de entregar una copia básica de "todos los contratos" realizados por escrito, ni van a renunciar a conocer los salarios de los altos cargos, sea por esta vía o a través de la ley de sociedades anónimas. Previsiblemente se adopte una fórmula peculiar de control para esos contratos, dado que no están sujetos al Estatuto de los Trabajadores.
Otra duda que se debe despejar a la hora de elaborar la norma es qué tipo de datos debe contener la copia básica. Los profesores Manuel Alarcón y Carlos Palomeque afirman que se debe entregar una copia del contrato sin más y el catedrático Ricardo Escudero cree que el salario y la jornada son elementos determinantes. Tampoco quedó claro en el pacto a qué representantes de los trabajadores se debe entregar la copia del contrato.
