El G-7 pretende controlar las transacciones bancarias superiores a 10.000 dólares

El Grupo de los Siete, que integra a los países más desarrollados del mundo, estudiará en sup próxima cumbre, que se celebrará en junio de 1990 en Houston, la de registros nacionales para todas las transferencias del extranjero y operaciones bancarias en efectivo por un importe superior a los 10.000 dólares que se realicen en el mundo. La medida está orientada a implicar a la banca internacional en la lucha contra el lavado del dinero procedente del narcotráfico.

Se trata de una iniciativa de Estados Unidos decididamente respaldada por Francia. Las leyes norteamericanas permiten excluir del mercado financiero estadounidense a las entidades que no colaboren con este sistema.Los bancos nortemericanos están obligados a comunicar a su Gobierno la titularidad y condiciones de todos los depósitos en efectivo superiores a 10.000 dólares que se realizan en Estados Unidos. Esta circunstancia ha favorecido la aparición de un personaje, conocido como smurf (pitufo), que ocupa el primer escalón de toda operación de lavado de dinero en EE UU. Un buen pitufo, casi siempre joven y de buena presencia, es capaz de convertir en cheques bancarios al portador, durante una sola jornada, hasta 40 lotes de 5.000 ó 7.000 dólares en efectivo. A pesar de este eficaz trabajo, las autoridades estadounidenses registraron durante 1988 depositos en efectivo de más de 10.000 dólares por un valor total de casi 250.000 millones de dólares, seis veces más que en 1984.

Pero otra salida para el individuo o el grupo que se enfrenta a este peculiar roblema de exceso de liquidez es cruzar la frontera del norte e iniciar el blanqueo en Canadá, donde no rigen los mismos requisitos informativos. Panamá, Londres, Zurich, Madrid, Hong Kong y otras plazas pueden servir par la misma función, aunque con el consiguiente incremento de eventuales riesgos en frontera y de los gastos de transporte. Por ello, hace poco más un año, el Congreso estadounidense se planteó la necesidad de extender a otros países su sistema de registro.

El 18 de noviembre de 1988, el Congreso aprobó la llamada enmienda Kerry, que prevé un cuadro de sanciones suficientemente convincente como para que los estados y el sistema bancario internacional estudien la conveniencia de facilitar la extensión de los métodos de control promovidos desde Washington. Dicha enmienda, incorporada a la Ley Contra el Abuso de Drogas del año citado, establece la, posibilidad legal de que el Gobierno r ano prohiba a las instituciones financieras de ciertos países participar en cualquier operación de compensación de dólares o tener acceso a los sistemas electrónicos de transferencias de los bancos estadounidenses. El Gobierno puede prohibir, asímismo, que los ciudadanos, entidades o instituciones de tales países abran cuentas en baricos o entidades financieras constituidas en cualquiera de los estados norteamericanos. La enmienda Kerr, establece, en definitiva, que los bancos de los países que no cooperen con el sistema de información diseñado por Washington pueden ser totalmente excluidos del mercado financiero de EE UU.

Grupo de choque

El objetivo inicial de la enmienda es que cada país establezca un registro central de los depósitos en efectivo superiores a 10.000 dólares, pero los norte americanos promueven ahora el mismo tratamiento para las transferencias del extranjero. Tales registros serían estrictamente nacionales, aunque estarían abiertos a las autoridades de otros países cuando la cooperación fuera necesaria. El sistema de registro trata de evitar situaciones como la que se esta produciendo ahora mismo en España, por ejemplo, donde, en la investigación oficial de un caso, se han detectado cuentas abiertas en un banco importante por un conocido narcotraficante con distintos nombres falsos, mientras que no aparece rastro de las numerosas transacciones realizadas en otra entidad por el mismo sujeto, pese a la certeza que tienen los investigadores de que las hizo.

El foro elegido por las autoridades estadounidenses para poner en práctica esta nueva legislación, conflictiva al introducir cierta extraterritorialidad de la política de EE UU, es el Grupo de los Siete, que el pasado mes de julio creó un denominado grupo de choque contra el lavado del dinero de la droga. A los países más desarrollados del mundo (EE UU, Canadá, Francia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia y Japón) se unieron en dicho grupo Australia, Austria, Bélgica, España, Holanda, Luxemburgo, Suecia y Suiza.

El grupo de choque concluyó el 7 de diciembre en París la serie de cuatro reuniones para la que fue creado, iniciadas el pasado mes de septiembre en la capital francesa. Francia, como presidenta del grupo, ha quedado en cargada de redactar un informe que estará listo para primeros de año, y en el que probablemente según la opinión de asistentes a las reuniones, no se recogerán más que algunas expresiones de voluntad que merecieron un consenso generalizado, por ejemplo, sobre la necesidad de acelerar la ratificación de la Convención de Viena o de reforzar la colaboración bancaria frente al delito del lavado.

El grupo de choque ha sido pues, un mero globo sonda par detectar actitudes nacionales EE UU irá en junio con su enmienda Kerry a la cumbre del G 7, en Houston, y tratará de obtener allí el mayor apoyo posible para poner en práctica su proyecto. Los de Francia y, en menor medida, el del Reino Unido, están garantizados. La República Federal de Alemania muestra menos entusiasmo.